Razonabilidad

El proyecto de referencia, que fue girado al Senado para que continúe su tratamiento, modifica las leyes que instituyeron el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Más allá que su tarea no está en el centro de la atención pública, excepto como consecuencia de hechos que tienen impacto social -como son los feminicidios o los excesos de fuerzas de seguridad-, la discusión política no rozó su validez. Si quedaron en pie aspectos que deben seguir atendiéndose. 

Desde el oficialismo hubo una defensa de la iniciativa que había presentado el principal bloque de ese sector, que no profundizó en las razones de fondo de su objetivo. En su versión original era la de convertir en honoraria la tarea de sus integrantes, suprimiendo las remuneraciones que actualmente perciben. Esa pretensión cambió frente a una ola de críticas, parte de las cuales se reflejaron en el debate en el recinto y llevó a que el dictamen de mayoría propusiera una solución “razonable y adecuada” al contexto económico e institucional actual. Esto, cada sector del Estado que tiene su representante en esos organismos deberán hacerse cargo de las remuneraciones.

Es importante que, frente a las dificultades que puede enfrentar una política pública que se sostiene desde más de una década, no deba ser abandonada por limitaciones de carácter financiero. Es lo que sucede a nivel nacional respecto de programas e instituciones de carácter social, que terminan siendo los grandes aportantes a un ajuste que tiene como objetivo el equilibrio fiscal.

En el caso provincial, hay una política de Estado que apunta a tener ordenadas las cuentas públicas, como viene sucediendo, según informa la cartera de Economía, desde hace seis años y ha permitido reducir a la mitad la deuda generada por gestiones anteriores por toma de créditos en el mercado externo. Pero ese logro está en riesgo en las actuales circunstancias, frente a una política macroeconómica que golpea todas las fuentes de ingreso con las que cuenta la administración del gobernador Gustavo Sáenz.

De allí que el intento por ir reduciendo gastos sin eliminar políticas de profundo contenido social encontró en el debate legislativo un camino virtuoso para asegurar la participación política y también de distintos sectores que concurrieron a blindar a dos organismos que son acabadas expresiones- al menos en su objetivo- de defensa de derechos humanos básicos.

Hubo una fundada coincidencia en preservar al Observatorio contra la Violencia de Género y el Comité contra la Tortura. Sin embargo, también hubo una exhortación a mantener criterios de prudencia y responsabilidad fiscal.

No es un punto de equilibrio fácil de alcanzar, como quedó demostrado en el debate parlamentario. Contar para la tarea encomendada con personal altamente capacitado y con perfiles muy particulares atento a la tarea que les es encomendada, necesariamente debe tener como contrapartida una remuneración adecuada. La ponderación de esa remuneración puede ser tema de diferentes apreciaciones pero no en relación a las responsabilidades que se asumen. Lo marcaron legisladoras oficialistas, que advirtieron que de ninguna manera la defensa de la igualdad de género puede sostenerse con las sobras.

También puede seguir tratándose el cumplimiento de las funciones, expandiendo el control a todos los ámbitos vinculados, especialmente el judicial.

Quizás puede discutirse si un sueldo de 10 mil dólares se corresponde con la realidad financiera y fiscal y si los resultados reflejan ese esfuerzo. Pero ya no cabe seguir discutiendo si la igualdad entre géneros es un derecho que debe ejercerse en cualquier circunstancia y así quedó demostrado .

Salta, 13 de mayo de 2026