Defensoría Pública: “el cargo debe ser para un profesional idóneo y de carrera”
La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina solicitó formalmente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que la designación del próximo Defensor o Defensora General de la Provincia se ajuste a “criterios técnicos estrictos y a los estándares internacionales en materia de Defensa Pública”.
La nota, fechada el 2 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva la firma del presidente de la entidad, Adolfo Sánchez Alegre, y del secretario general Diego Stringa. En el documento se plantea que quien asuma la conducción del Ministerio Público de la Defensa debe contar con “trayectoria, formación y experiencia acreditada en el ejercicio de la Defensa Pública” como condición indispensable para garantizar independencia funcional y política.
Por Aries, Sánchez Alegre aclaró que la carta no constituye un repudio hacia una persona en particular, sino un planteo institucional. “No estamos cuestionando los conocimientos jurídicos de nadie. Lo que sostenemos es que quien tenga que manejar este organismo debe tener las características propias de la idoneidad técnica en defensa pública”, explicó.
El presidente de la asociación remarcó que la postura no fue improvisada ni responde a una coyuntura puntual. La comisión directiva está integrada por 22 miembros de 15 provincias distintas y, tras reuniones internas, resolvió por unanimidad enviar el exhorto al mandatario provincial.
Además, destacó que la defensa pública tiene estándares consolidados a nivel interamericano y que la conducción del organismo requiere experiencia específica en su funcionamiento institucional. “No es lo mismo la solvencia jurídica que el manejo técnico de la defensa pública. Es totalmente distinto a fiscalía o a un juzgado”, subrayó.
Como ejemplo, mencionó el caso de la provincia de San Luis, donde recientemente asumió una nueva defensora general tras un proceso de concurso público de oposición, con evaluación académica y conformación de terna, modelo que —según indicó— se ajusta a buenas prácticas institucionales.
Finalmente, Sánchez Alegre reiteró que la posición de la asociación es clara: la persona designada debe provenir de la carrera de la defensa pública. “Existe una carrera judicial, hay defensores que comienzan desde abajo y se forman durante años. Esos estándares hoy ya no se discuten en el ámbito internacional”, concluyó.