LLA respaldó el narcotesteo a funcionarios pero pidió “reglamentación clara”
El senador provincial por Capital, Roque Cornejo Avellaneda, adelantó que el bloque de La Libertad Avanza acompañará el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos, aunque advirtió que el texto requiere una reglamentación precisa para evitar discrecionalidades.
Durante sesión extraordinaria, el legislador sostuvo que, si bien el decreto no puede ser modificado por la Cámara, su espacio político votará a favor de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial. En ese marco, recordó que en las últimas elecciones nacionales “fueron los candidatos de La Libertad Avanza en Salta los únicos que presentaron antecedentes penales de ficha limpia y exámenes toxicológicos al momento de oficializar sus candidaturas”.
“Tiene que ser la política la que dé el ejemplo. Los que ocupamos cargos con responsabilidad pública debemos ser los primeros en someternos a este tipo de controles y clarificar ante la sociedad quiénes somos y qué venimos a hacer”, afirmó.
No obstante, Cornejo Avellaneda planteó cuestionamientos sobre la aplicación práctica de la norma. Señaló que el decreto fija principios generales —como que los exámenes sean sorpresivos y rápidos— pero no especifica con claridad el procedimiento.
“¿Qué significa que sea sorpresivo? Que la persona no sepa ni la hora ni el lugar. Pero habrá que garantizar que no existan filtraciones ni privilegios. Tampoco puede convertirse en una herramienta de persecución política”, advirtió.
Asimismo, pidió precisiones sobre el tipo de test que se aplicará —si implicará extracción de sangre, orina o cabello— y sobre los riesgos de falsos positivos o falsos negativos, tema que, según indicó, fue planteado por especialistas en comisión.
El senador también hizo referencia a la contraprueba prevista en el decreto y a la facultad del superior jerárquico para declarar la inadmisibilidad en caso de resultado positivo confirmado. En ese sentido, vinculó la discusión con el concepto de idoneidad establecido en el artículo 29 de la Constitución provincial.
“La idoneidad implica capacidad, competencia, aptitud técnica, física, ética y moral. Quien tiene mayor jerarquía tiene mayor responsabilidad, y debe estar en el máximo de sus condiciones para representar los intereses de la provincia”, remarcó.
Cornejo Avellaneda recordó que una iniciativa similar permaneció cuatro años sin tratamiento en la Cámara de Diputados y consideró que el decreto viene a saldar esa discusión pendiente. Sin embargo, insistió en que la reglamentación deberá ser clara y uniforme en los distintos poderes del Estado.
“No puede pasar que cada estamento utilice su reglamentación para amparar a alguien. Estamos para rendir cuentas ante la ciudadanía”, subrayó.
Finalmente, reiteró el acompañamiento de su bloque a la medida, al considerar que responde a una demanda social de mayor transparencia, aunque enfatizó que su implementación deberá estar “a la altura de las expectativas que genera en la sociedad”.