Inseguridad en San Luis: despliegue de fuerzas federales tras una ola de violencia

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación del Comando Unificado San Luis, como una medida para responder a la ola de violencia que afecta a la zona sur de la provincia. El objetivo principal será reforzar el control y la prevención del delito con la presencia coordinada de fuerzas federales y provinciales, bajo una nueva estructura de mando.

La resolución, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada en la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial, establece la conformación inmediata de este grupo especial, que tendrá a cargo el despliegue territorial en los puntos más críticos. La decisión surge tras hechos que pusieron “en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes”, según reconoce el propio texto oficial.

El nuevo Comando Unificado San Luis funcionará como un centro de operaciones en el cual convergerán la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los cuerpos policiales de San Luis, además de la Secretaría de Seguridad Nacional. Los representantes de cada fuerza tendrán capacidad de decisión operativa durante el tiempo que dure el operativo, cuyo plazo inicial será de 180 días, aunque el Ministerio dejó abierta la posibilidad de una prórroga “según amerite”.

Según explicaron, la decisión responde a la necesidad de “optimizar los recursos disponibles y proporcionar una respuesta integral” a la crisis de inseguridad detectada en la zona sur de San Luis y sus alrededores. Se trata del mismo criterio que guio la creación del Comando Unificado Federal en 2024 y otras experiencias previas en provincias conflictivas, que según el Ministerio han demostrado “resultados favorables” y un mejor aprovechamiento de cada fuerza de seguridad.

La conducción del comando recaerá sobre el Jefe de la Policía Federal Argentina, quien podrá delegar la función en otro funcionario si lo considera oportuno. También se invita expresamente al Ministro de Seguridad de San Luis a sumar un representante propio, buscando integrar a las fuerzas locales en la estructura. La integración apunta a acelerar la reacción frente a hechos violentos y a mejorar la “coordinación estratégica” entre Nación y la provincia.

El trabajo del Comando incluirá tareas de control preventivo en calles, protección de objetivos federales (como edificios oficiales o infraestructuras esenciales) y operativos conjuntos para frenar la escalada delictiva. Las autoridades consideran que crear este grupo especial es “inaplazable”, una forma de “poner coto al flagelo de la inseguridad”, según la fundamentación oficial.

El documento emitido por el Ministerio de Seguridad sugiere que la recurrencia de ataques violentos volvió prioridad el apoyo federal, y que la situación amerita el uso de la “máxima capacidad política y técnica” en el territorio, evitando superponer funciones con las unidades policiales ya existentes, pero reforzando la respuesta en los puntos críticos.

En la integración también se invita a participar al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de San Luis, para que designen un encargado de enlace que facilite las comunicaciones institucionales con el Comando Unificado Córdoba. Esto apunta a mejorar la circulación de información entre provincias y con los entes judiciales responsables de investigar y sancionar los delitos cometidos.

La resolución establece que la vigencia del comando comenzará desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y se mantendrá “por ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina, con posibilidad de ser prorrogado según amerite”.

Hace poco más de un mes, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), una entidad gremial agropecuaria sin fines de lucro, expresó su extrema preocupación por los delitos agropecuarios en San Luis: “La Sociedad Rural Río Quinto, entidad miembro de CARTEZ, solicitó una audiencia urgente con el gobernador Claudio Poggi, a los efectos de abordar esta problemática con carácter de urgencia”.

El reclamo se produjo en medio de la gran cantidad de hechos delictivos registrados, como casos de abigeato y faena clandestina.

Con información de Infobae