"Me quieren matar": El desesperado pedido de la abogada retenida en Brasil

Un nuevo episodio de tensión se escribió en la historia de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que enfrenta cargos por injuria racial en Río de Janeiro. En las últimas horas, tres individuos ingresaron sorpresivamente al departamento en el que residía, provocando pánico y un abrupto cambio de residencia, mientras la Justicia brasileña le exige instalarse una tobillera electrónica en los próximos cinco días para evitar que abandone el país.

Según información divulgada por O Globo, Páez aún no cumplió con la medida de control impuesta, que busca restringir cualquier intento de salida repentina de Brasil.

El diario remarcó que la joven posee un plazo de cinco días para la colocación del dispositivo. El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana. También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, entre ellos el gerente del local involucrado en el episodio inicial.

La situación de Páez se complicó luego de que una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero, derivara en una denuncia penal. De acuerdo con el expediente, una revisión de las cámaras de seguridad mostró a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando el término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación de injuria racial. En Brasil, este delito está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Tras el incidente que la dejó varada en el país sudamericano, Páez había abandonado el hotel en el que se alojaba para mudarse a un departamento. Ayer, cerca de las 15, un nuevo sobresalto sacudió la rutina de la joven, quien al regresar de una salida fue sorprendida por tres personas que, según dijeron a su abogado Sebastián Robles al medio El Liberal, afirmaron ser policías, aunque “todo resultaba confuso”.

Tras el episodio, los encargados del edificio aconsejaron a Páez marcharse del lugar por su propia seguridad. Su padre, Mariano Páez, relató: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.

Estos episodios incrementaron la inquietud en la familia. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles al mencionado medio.

El letrado anunció además la inminente presentación de un recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

La joven fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro, que le ofrecieron asistencia legal. No obstante, aclararon que no intervendrán en el procedimiento judicial. La estrategia de defensa cuenta también con el respaldo del estudio jurídico Roitman, de un abogado argentino con residencia en Brasil.

El proceso judicial avanza bajo la supervisión del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca. Robles subrayó la rigidez de las restricciones ordenadas por la Justicia brasileña: “Con la familia nos parece muy severa la medida”, expresó.

Luego insistió en que el expediente se basa en “una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado”, y reclamó una revisión integral de las imágenes registradas aquella noche. También añadió que la joven recibió amenazas en redes sociales, aunque aclaró que no se encuentra incomunicada y conserva su Documento Nacional de Identidad.

La familia Páez evalúa la posibilidad de viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas. Robles puntualizó: “La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia”.

Con información de Infobae