Caso Pablo Grillo: la querella solicitó el procesamiento del gendarme que le disparó

La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo presentó un escrito ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 para que el cabo primero de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, sea imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el informe de la querella, Guerrero fue identificado como el autor del disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo durante la represión de la protesta de jubilados del 12 de marzo frente al Congreso.

El documento, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, reconstruye que a las 17.18 de ese día, Grillo, que cubría la manifestación, recibió el impacto en la zona frontal del cráneo, lo que lo dejó en estado crítico. El informe indica que el proyectil fue disparado en ángulo horizontal desde la línea de gendarmes que avanzaba sobre los manifestantes, lo que “va en contra de los protocolos para el uso de armas lacrimógenas”.

Entre las pruebas incorporadas se incluyen videos, peritajes médicos y técnicos. Un estudio de la Policía de la Ciudad determinó que la granada viajó a 78 metros por segundo, con un ángulo de salida de apenas 1,5°, lo que descarta cualquier rebote previo. La pericia médica concluyó que las lesiones de Grillo son “graves y gravísimas”, con fractura expuesta de cráneo y riesgo vital concreto.

El informe también subraya que no se trató de un hecho aislado: las filmaciones recabadas muestran a varios efectivos disparando de la misma forma. En las imágenes aportadas por la propia Gendarmería, se registran disparos indiscriminados de gases y balas de goma. Incluso, se observa que tras el disparo que hirió a Grillo, un superior le dio una palmada en el hombro a Guerrero en señal de aprobación.

La querella sostiene que la conducta del cabo primero Guerrero no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco del operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad bajo el protocolo “antipiquetes”. Por eso también pidió investigar a la ministra Patricia Bullrich y a la cúpula de la Gendarmería por el diseño, las órdenes y la supervisión del operativo.

Con estos elementos, la familia de Grillo reclama que Guerrero sea citado a indagatoria y procesado. “La elección de la manera de disparar fue deliberada, ya que sabía que así ponía en peligro la vida de Pablo”, argumenta el escrito presentado en el expediente. La jueza María Servini deberá resolver el pedido en los próximos días.

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Gendarmería cerró su sumario interno sin sanciones

El informe de la querella también cuestiona con dureza el accionar interno de la Gendarmería tras los hechos del 12 de marzo. Según el documento, la fuerza abrió un sumario administrativo cinco días después de la represión, pero lo cerró en apenas 48 horas sin aplicar ningún reproche disciplinario.

El expediente calificó lo ocurrido como un “hecho fortuito” y responsabilizó a Grillo por haberse ubicado “en la línea de tiro”. Pese a la gravedad del hecho y a las evidencias de un disparo horizontal, las autoridades avalaron la versión de Guerrero, quien declaró en ese ámbito que había actuado “según el protocolo”.

La querella señala que esa investigación fue “una mera formalidad” orientada a garantizar impunidad. Todas las declaraciones de los efectivos coincidieron en resaltar la “profesionalidad” del operativo, mientras se omitieron las pruebas en contra. Incluso se ignoró el propio manual de la pistola lanzagases, que prohíbe disparar en ángulo recto hacia personas.

Aunque el sumario fue reabierto semanas después, volvió a cerrarse con las mismas conclusiones. Para los querellantes, este proceso interno refleja “una narrativa corporativa” destinada a eludir responsabilidades, en contraste con las pruebas judiciales que hoy apuntan directamente contra Guerrero.

Con información de Perfil