El Gobierno introdujo una reforma laboral limitada y retrocedió en su pelea contra los sindicatos

La batalla del Gobierno contra los sindicatos se frenó. Tras una una interminable serie de reuniones de último momento, el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron un nuevo texto de la “ley de Bases” en la que se incorpora una “modernización laboral” acotada. Si bien se contemplan muchas de las reformas que el Presidente impulsó en el capítulo frenado por la Justicia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se quitaron los artículos resistidos por los sindicatos, entre ellos el de la llamada “cuota sindical”.

Esta definición se tomó en la antesala de la convocatoria al plenario de comisiones que hoy dictaminará las iniciativas de la administración libertaria. La reforma laboral puso un freno al avance de las negociaciones y el oficialismo propuso elevar una contrapropuesta sobre este tema para intentar salvar las diferencias. En definitiva, cedió para evitar una nueva postergación y lograr la media sanción del paquete de leyes entre el lunes y martes de la semana próxima.

A principios de abril, la cúpula de la CGT se reunió en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. En esa cumbre, la reforma laboral fue la columna vertebral de la conversación, y a la que la tríada sindical le dio el visto bueno siempre y cuando sea una “versión light”. Por eso, el último borrador de la “ley de Bases” que el Gobierno le remitió a los legisladores, donde se replicaba, con pocas modificaciones, el capítulo entero de reforma laboral, enfureció a los gremios.

Frente a este panorama, el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, avisó que no acompañaría la nueva versión de la reforma laboral. “Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor [Julio] Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos (de la reforma laboral)... no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo’”, despotricó en declaraciones radiales. Según sepudo saber, la intención del legislador, así como de parte de su bloque, es postergar la discusión con los sindicatos una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

El radicalismo, autor de uno de los proyectos de reforma laboral más ambiciosos, anticipó al Gobierno que solo votaría la nueva “ley de Bases” si se incorporaba en el texto este capítulo. Argumentaban su insistencia en la demanda del sector de las pequeñas y medianas empresas para flexibilizar las condiciones de contratación previstas en la ley. Este bloque, con 34 miembros, es clave para asegurar el quorum y la aprobación del proyecto en el recinto.

Los puntos más importantes excluidos del capítulo laboral son:

- Cuota sindical. Es el artículo, por demás cuestionado por la CGT, que limitaba el descuento compulsivo, a todos los trabajadores (afiliados o no), de la llamada “cuota sindical”. Es decir, una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que, históricamente, sirvió para financiar las arcas de los gremios.

- Bloqueos sindicales. Se quitó el artículo que consideraba como “justa causa” de despido a la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimiento. En cambio, se determinó que este punto sea incorporado al Código Penal, donde se buscará que una persona que impida ingresar a otra un establecimiento comercial o industrial pueda ser reprimido con seis meses a tres años de prisión.

- Ultraactividad. No se avanzará en la eliminación del principio laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Su desarticulación hubiese implicado que, en caso de no haber acuerdo de partes entre gremios y empleadores, se abran las negociaciones por rama de actividad, mermando la injerencia de los sindicatos.

- Multas. Se quitan las sanciones económicas a empleadores por presentar trabajadores no registrados. Se busca, con esta medida, evitar la “industria del juicio laboral” que, según indicó el diputado radical Martín Tetaz durante su intervención en el plenario de comisiones, “no funcionó para incorporar trabajadores al trabajo registrado”.

Las reformas que quedaron en el capítulo laboral de la “ley de Bases”:

- Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.

- Fondo de cese laboral (al estilo Uocra). Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo.

- Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.

- Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.

La Nación