Los presidentes de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, desactivaron este lunes el aumento de sueldo otorgado a legisladores a fines del mes pasado, cuando acordaron y convalidaron una suba del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92 por ciento.

En la resolución firmada esta tarde se deja en claro que queda anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corre para el resto de los empleados legislativos.

Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.

Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar “enganchados”. Todo esto fue explicado por Infobae el 23 de febrero pasado. Con los cambios de este lunes, lo único que se sumará en el Congreso será tensión, con ambas Cámaras apuntadas por la oposición para ir al recinto y tratar no sólo diversas leyes, sino también rechazar el mega Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

En el Congreso, tanto las autoridades, legisladores y empleados sabían a la perfección lo que se había consensuado con los gremios a fines de febrero pasado. Es decir: Menem y Villarruel conocían al detalle la negociación en cuestión, y por eso la defensa que realizó en los últimos días la vicepresidenta y titular del Senado, incluso, cuando presentó sus argumentos a la Casa Rosada.

A diferencia de Villarruel, Menem olvidó rápido lo que firmó su secretaria administrativa -quien maneja la caja de la Cámara baja- y se alineó con la postura de Javier Milei. Primero, dijo que enviaba un proyecto. Más tarde entró en razón y convalidó el desenganche de legisladores antes del fin de semana último, mientras que la titular de la Cámara alta -pese a tener fundamentos contrarios- lo hizo este mismo lunes. El método fue el de una nueva resolución conjunta.

“Mantener la vigencia de la resolución conjunta -la que permitió la suba- representaría necesariamente la actualización de la dieta, gastos de representación y desarraigo de los señores legisladores”, expresa la nueva normativa. Y luego agrega que “en este contexto de esfuerzo que realizan los argentinos, quienes tenemos responsabilidad pública debemos adoptar medidas en consecuencia”.

Según confiaron diversas fuentes del Congreso a este medio, el papelón ocurrido en las últimas horas con los aumentos otorgados a funcionarios del Ejecutivo y la posterior marcha hacia atrás, junto al despido del ahora ex secretario de Trabajo, Omar Yasin, aceleraron el adiós a la suba para diputados y senadores.

Menem también estuvo en lupa la semana pasada por la designación de un joven familiar, quien no tendrá problemas con la última decisión de los jefes de Diputados y el Senado. Los únicos que no gozarán del aumento serán los legisladores, que continuarán entre los peores pagos de la región. Un detalle: de seguir así, una categoría A-1 con antigüedad y extras por estudios superaría -si es que ya no lo hace- a un integrante del Congreso.

Mientras tanto, el titular de la Cámara baja presiona para que este año le toque a Diputados el control de la siempre delicada Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social de los empleados legislativos. La costumbre era turnarse con el Senado, aunque durante la gestión 2019-2023 fue controlada por la exvicepresidenta Cristina Kirchner a través de su entonces secretaria administrativa y actual diputada provincial en La Pampa, la camporista María Luz Alonso.

Infobae