Este miércoles, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le envió una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para responderle sobre la iniciativa oficial para crear una nueva Procuraduría Anticorrupción, que había sido anunciada -en medio del debate por el proyecto de Ley Ómnibus- por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El proyecto resulta “inviable” en el marco legal actual, dijo expresamente la carta que envió Casal al ministerio, según confirmaron a Infobae fuentes consultadas.

 “La función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público, en su condición de titulares de la acción penal pública, para intervenir en los casos de su competencia, lo que exigiría modificar la legislación vigente”, expresó la nota difundida en la página de noticias de la Procuración.

Allí se reseñó que “las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción.

“Actualmente las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos”, se acotó. La nota destacó “el espíritu que animó la propuesta efectuada desde el Ministerio de Justicia, así como el espacio de reflexión que genera”.

E insistió en “la predisposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación para continuar su labor en los temas de interés común, principalmente en completar la implementación del sistema acusatorio que impactaría positivamente al dotar de mayor celeridad y efectividad a la persecución penal de los delitos de competencia federal, entre los que se encuentran los de corrupción; todo lo cual redundaría en la contribución para hacer más eficientes los mecanismos de prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción”.