La última semana de diciembre, el Gobierno de Javier Milei presentó la llamada "Ley Ómnibus", un paquete de regulaciones que propone, entre muchas reformas estatales, la eliminación de la fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad enviaron una nota a la ministra de Capital Humano de Nación, Sandra Petovello, considerando “negativo, perjudicial y arbitrario, dejar en manos del Poder Ejecutivo la determinación discrecional de los montos referidos a aumentos jubilatorios”. 

“Si el DNU y la declaración de la emergencia previsional salen como están previstas, lo que ocurriría es que el cuándo y el cuánto de la jubilación quedaría en la descripción del Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que eso es muy poco saludable porque vamos a darle a los jubilados y pensionados mucha más inestabilidad respecto de sus ingresos que la actual situación”, expresó en diálogo con “Estilo Desafío” por Aries, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos.

El funcionario advirtió que en Salta la mayor parte de los jubilados están en la mínima considerando que la situación empeoraría si la actualización queda discrecionalmente en manos del Poder Ejecutivo Nacional. “Lo que va a haber no va a ser un criterio medianamente objetivo de actualizaciones salariales, sino un criterio político y económico de actualización”, dijo.

Por otro lado, Núñez Burgos también puntualizó en la importancia de mantener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como sistema que sostiene el pago de jubilaciones y pensiones.

“Entendemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que ser intocable para las políticas cotidianas, porque si no vamos a terminar financiando con el dinero de los jubilados y pensionados la coyuntura económica”, expresó.

Además del análisis sobre las posibles modificaciones en el área de jubilaciones y pensiones, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta adelantó que la institución trabaja sobre la derogación de la ley de alquileres y la estabilidad de los UVA.