El que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción a un proyecto que pretende regular la protesta social en pleno conflicto con los autoconvocados de Educación y Salud no dejó indiferente al arco político salteño. 

En este sentido, desde la agrupación ‘Adelante’ de la Unión Cívica Radical de Salta, emitieron un documento donde se analizan las distintas aristas que componen el conflicto docente.

A continuación, un extracto del escrito: 

“(…) y aunque se entiende el reclamo, es evidente que el corte de ruta no puede ser el modo de lograr los aumentos salariales requeridos. Porque no es sensato tomar a los conciudadanos como rehenes de las propias luchas, por más justas que estas se presenten. Muchos de los perjudicados con tales acciones pueden ser trabajadores con más humildes ingresos que los mismos docentes, o personas que pueden necesitar visitar a un médico o a un ser querido. No hay total justicia en un modo de reclamo que solo habla de las necesidades propias, pero olvida las de los demás; en el que solo cuentan “mis” derechos y no los del prójimo.

No obstante, no son los docentes los principales culpables por los cortes de ruta como metodología de protesta, sino gobiernos de distinto signo a nivel nacional que, desde hace casi 30 años, solo han escuchado el grito de las rutas cortadas. No hubo, o raramente aconteció, un reclamo respetuoso de los derechos y garantías de los demás que haya sido atendido por las autoridades. 

Por último, especial y reiterada mención merecen los niños y jóvenes, que desde el 4 de mayo no tienen -o tuvieron de manera interrumpida- las clases que debieran estar formándolos para que enfrenten un futuro cada día más difícil. Aunque ahora no se haga tan evidente, ellos están pagando un alto precio por esta situación al reducirse la calidad de sus herramientas para luchar en un mundo desafiante y en constante cambio. 

En las últimas horas, por otra parte, un nuevo elemento distorsivo ha entrado en escena. El gobierno, a través de legisladores que le responden a pie juntillas, aprobó aceleradamente en Diputados y envió al Senado una ley “anti piquete”, que atenta gravemente contra la libertad de reclamar y peticionar a las autoridades y con ello altera el espíritu de nuestra Constitución Nacional. Con esta iniciativa, el gobierno ensombrece el debate público y deteriora aún más la sana convivencia ciudadana, porque no se puede pretender bregar por los derechos de unos restringiendo o limitando los derechos de otros; como no se combate el desorden con tiranía. Repudiamos de manera taxativa este intento de cercenar las libertades individuales.

Por todo ello, hacemos un llamado a la reflexión, al entendimiento y a la concordia, tanto dirigido a gobernantes como a docentes en lucha, e instamos a deponer posiciones inflexibles e intransigentes que solo retrasan el encuentro de una solución al conflicto.

Al mismo tiempo, consideramos oportuno manifestar nuestro deseo de que se encuentren mecanismos idóneos que eviten la recurrencia de medidas de fuerza que tanto desgaste y angustia causan en los propios trabajadores en lucha y también en el resto de los actores de la sociedad que se ven afectados por los reclamos. Para ello, se hace necesario primeramente arribar a un acuerdo sobre un haber justo y equilibrado para todos los trabajadores que dependen del Estado y luego elaborar en la medida de lo posible un procedimiento que implique la automática actualización de los salarios impactados y deteriorados por una inflación que carcome los cimientos de la realidad económica de cualquier familia. 

Por los docentes que enseñan con amor; por los niños que aprenden con ilusión; por los padres que ansían para sus hijos un futuro promisorio… Hagamos lo posible como sociedad para encontrar una solución rápida y duradera a este conflicto”.