Avance

Opinion 11 de septiembre de 2019
La Justicia Electoral hizo lugar al rechazo de la adhesión a la precandidatura a gobernador de Sergio Leavy, de la lista que propone a Carlos Villalba para la jefatura comunal de Salvador Mazza. La decisión ha sido celebrada por muchos sectores internos que participan del Frente de Todos pero también ha generado una fuerte reacción entre los seguidores del ex intendente, quienes llevan adelante cortes de ruta en la conflictiva zona norteña.
villalba

“La basura se tiene que decantar” fue la dura opinión de Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa y pre candidata a senadora por el departamento San Martín en el frente de Sáenz Gobernador. Esa fundación tiene una larga trayectoria en la lucha contra la trata de personas y, precisamente, Villalba fue destituido de su cargo de intendente de Salvador Mazza al verse involucrado en una investigación penal sobre trata de personas para explotación sexual.

El hecho sucedió en 2013 y a partir de entonces sumó otras denuncias e imputaciones por asociación ilícita, fraude y usurpación durante su gestión al frente de la comuna. Pese a estar sospechado de participar de una red de trata en Salta, tras ser detenido en un prostíbulo capitalino, ese mismo año Villalba intentó recuperar la intendencia desde el oficialismo provincial pero sufrió un estrepitoso fracaso que los vecinos celebraron en la calle. Para este turno, nuevamente se ha puesto entre los precandidatos aunque ha quedado fuera del frente que lideran Alberto y Cristina Fernández.

Estas situaciones son posibles debido a que la presunción de inocencia no permite restricciones a ninguna pretensión de personas sospechadas o sin condena firme por  delitos dolosos, como lo señala el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esa situación, en el ámbito federal, se pretende reglamentar mediante un proyecto de ley limpia, como se llama en Brasil, donde está vigente y es la que había impedido que Lula Da Silva sea candidato a la presidencia cuando estaba preso pero con condena apelada.

En la semana previa a las PASO de agosto, la iniciativa ha quedado habilitada para ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados. Un plenario de  comisiones dio dictamen al proyecto oficialista que inhabilita a los candidatos con condenas en segunda instancia por corrupción. Sin embargo, otro dictamen suscripto por kirchneristas y massitas, acepta la restricción con condenas en primera instancia y amplía la proscripción a otros delitos como tráfico de drogas, contrabando, lavado de activos y de dinero, evasión, apropiación indebida de tributos, evasión de recursos de la seguridad social y delitos tributarios, entre otros.

No es la primera vez que se impulsan iniciativas de esta naturaleza. Ya en 2017 perdió estado parlamentario un proyecto que había presentado con el mismo fin el Frente Renovador de Sergio Massa. Pese a que había avanzado hasta tener dictamen, faltó la voluntad del cuerpo de dar el debate sobre una cuestión que apunta directamente a la dirigencia política.

Si efectivamente se lograra una sanción como la propuesta, se frustraría el afán de quienes buscan en los fueros del que gozan distintas funciones electivas, la posibilidad de quedar a cubierto de la acción de la Justicia. Hay muchos ejemplos que dan cuenta de esta actitud aunque el emblemático es el de Carlos Menem, ex presidente y actual senador nacional, que extiende su batalla judicial cubierto por los fueros. Otro ejemplo es el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, con causas que podrían prescribir por la inmovilidad que generan los fueros que lo cubren.

El caso Villalba no está cerrado pero es un avance su exclusión del Frente de Todos.

Salta, 11 de setiembre de 2019

Te puede interesar