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Opinion 04 de septiembre de 2019
La Cámara de Diputados trasladó para la próxima sesión la decisión en torno del destino de las cooperadoras asistenciales de la Provincia. El compromiso asumido por Salta al adherir al Consenso Fiscal lleva a la eliminación del impuesto que las financia a partir del 30 de noviembre.
cooperadora

Desde que se sancionó la ley de adhesión, en cuyo tratamiento ese punto generó cuestionamientos,  a la fecha no se avanzó en discutir cómo se reemplazará ese financiamiento. El  impuesto de cooperadoras asistenciales es un gravamen del 2% sobre la nómina de sueldo, jornal o cualquier otra retribución originada por la prestación de servicios en relación de dependencia. La presión de esta carga estaba morigerada por la exención por diez años que beneficiaba a las empresas  por cada trabajador adicional que empleaban.

Una alternativa había sido presentada en abril pasado por referentes radicales como una propuesta para un gobierno de ese sector político y fue reiterada anoche en el tramo de Manifestaciones de la sesión de ayer. En el Acta de Labor Parlamentaria, en tanto, figuraba un proyecto de ley de diputados justicialistas, creando una nueva fuente de recursos para esos organismos.

Según la ley 5335, que rige la actividad de las cooperadoras asistenciales, estos organismos tienen por misión coadyuvar con las autoridades provinciales y municipales, a fin de satisfacer las distintas necesidades prioritarias sanitarias y sociales de la población. No operan en todas las comunas y aunque dicha ley indica que deben ser presididas por el intendente del municipio donde operan, son autónomas de la administración comunal.

Dada la trascendencia  de la cuestión, que involucra no solo la tarea que desarrollan estos organismos y es enorme en tiempos de crisis social, el cuerpo legislativo dispuso postergar el tratamiento de cualquier norma, por lo menos en una semana. Es que ya hay señales que uno de los problemas a resolver es el destino del personal de la principal entidad, la de la Capital, que integra una planta de casi 250 personas.

La decisión legislativa no impidió que a grandes trazos se describa la situación del sector. Desde el oficialismo, se ratificó el compromiso de mantener la estructura, los objetivos y la misión de las cooperadoras. Desde la oposición, se adelantó que se presentará un proyecto para que se modifique el modelo vigente. Puntualmente, el radicalismo adelantó que se trata de un programa de asistencia integral con ventajas respecto a las cooperadoras asistenciales.

Pero ambas partes apuntaron a extremar el control en el manejo de sus recursos. El diputado Héctor Chibán señaló que “no se puede seguir generando espacios institucionales para la corrupción”, mientras que el proyecto del PJ precisa qué organismo debe hacerse cargo de dicho control terminando con una discusión entre distintos niveles de gobierno y propone a la Auditoria General de la Provincia.

Muchos funcionarios electivos tienen cuentas a rendir por el manejo de recursos de las cooperadoras; incluso actuales candidatos a gobernador e intendente. Esas son situaciones que deben limitarse.

Salta, 04 de septiembre de 2019

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