Cambios

Opinion 02 de septiembre de 2019
Distintos niveles de Gobierno van cerrando su ciclo en distintos niveles ya que se renovarán todos los Ejecutivos en las elecciones de este año, además del cambio legislativo. La inminencia del alejamiento de gobernantes, como el de Salta tras doce años de gestión, son circunstancias cuya evaluación precisa y objetiva necesitará del tamiz del tiempo y la tarea profesional de los historiadores.
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Una primera aproximación a un balance lo hizo el propio mandatario, cuando dirigió su último mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de abril pasado. En esa oportunidad destacó la responsabilidad respecto de gobernar hasta el próximo 10 de diciembre, con las mismas ganas, la misma fuerza y la misma pasión del primer día. Sabía que la tarea se iba a complicar porque se venía de un año, como 2018, particularmente difícil para todos; alta inflación y fuerte devaluación y crecimiento desbordado de la deuda externa, que llegó al 95% del Producto Bruto Interno. Y el dato social más doloroso es el de la pobreza que en la apertura del año había llegado al 32% en el país, pero era más elevado en la región y en la Provincia.
Debían sumarse el cierre de pymes, la pérdida de competitividad de las economías regionales, la caída de la actividad comercial, el brutal incremento de tarifas de servicios públicos y la desocupación creciente. Todas estas situaciones no fueron revertidas.
Al contrario, hubo que decidir la postergación de mejoras y la definición de un crecimiento económico luego que se cayera la estantería encima, como graficara el gobernador.  Juan Manuel Urtubey resolvió blindar la prestación de servicios esenciales para no impactar de lleno en la calidad de vida de los salteños y sostener los logros alcanzados en algunas áreas de gobierno.
Una de ellas es la de Seguridad, sector en el que la cantidad de agentes se incrementó un 67%, entre 2007 a la fecha. Una relación relevante en ese sentido es la de la cantidad de policías operativos cada, que era de 3,2 cuando inició su largo período de gobernante y lo cierra con 5,5 policías cada mil habitantes. Se amplió la infraestructura de móviles al igual que la cantidad de dependencias en todo el territorio.
La introducción de la tecnología permitió otras mejoras que llevaron a que la capacidad de respuesta de la Policía Provincial pasara de treinta a ocho minutos de promedio. Cámaras de video-vigilancia, el equipamiento con GPS a los efectivos, el funcionamiento del 911, son elementos relevantes que le permitieron a Salta en una década reducir a casi la mitad la tasa anual de homicidios dolosos.  
El esfuerzo evidenciado en esos guarismos naufraga por una cuestión que no ha logrado superarse desde los tiempos del terrorismo de Estado. Casi medio siglo de vida institucional no han logrado morigerar la cultura de la violencia con la que se forman los efectivos de la fuerza de seguridad. 
Que se haya logrado ampliar el período y el nivel de capacitación de los miembros de la policía, no se evidencia en resultados. Los excesos que permanentemente se denuncian en Capital y el interior y lo que pudieron ser comprobados pese al apañamiento de las jefaturas, indican que no hubo un cambio que era impostergable y sustancial.
 Cambios en la legislación, incluso en la Ley Orgánica de la fuerza, han servido para un mejoramiento de la capacidad técnica. Sin embargo, el respeto a los derechos humanos no es una asignatura pendiente; es una cuestión que la institución deja fuera de sus consideraciones.
Salta, 02 de septiembre de 2019

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