Deuda

Opinion 06 de agosto de 2019
La memoria suma este martes a los días históricos en la lucha por lograr el castigo a los hechos de violación de derechos humanos durante la última dictadura militar.
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. El banquillo de los acusados, luego de una extendida batalla judicial, tiene como ocupante al ex juez federal Ricardo Lona acusado en esta oportunidad de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta y el asesinato y la tentativa de homicidio de dos testigos de ese hecho. Esa presencia aumenta la significación de este juicio.

El ex magistrado, más allá de la condena que reciba, ya es señalado como parte integrante de un sistema de represión ilegal que actuó en la Provincia de Salta en la década del 70. Además, que no sea el estrado su lugar forma parte del castigo del que será merecedor por el papel que jugó frente a delitos de lesa humanidad.

Más de una década de insistencia para poner a Ricardo Lona en esta situación no parece ser suficiente para vencer una evidente resistencia a reconocer que no hay inocencia que proteger en la figura de quien hizo caso omiso de la dignidad de la Justicia. En este juicio, sobre el que no hay evidencias de defender su carácter público, va por un hecho pero está procesado como partícipe necesario de los 11 homicidios de la “Masacre de Palomitas” e imputado por los casos de 54 víctimas, que comprenden 23 homicidios y hechos de imposición de tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros delitos.

Luego de haber dominado la justicia federal durante la dictadura y desde el regreso de la democracia hasta 2003, año en que renunció, no fue sino hasta 2007 que lo citaron por primera vez a indagatoria. Desde entonces los avances fueron dificultosos por años de planteos defensivos de quien, seguramente, volvería a hacer exactamente lo que hizo en un período de penumbra institucional que costó miles de vida en la Argentina. No solo no evitó muertes; ni siquiera intentó investigarlas, seguramente por el conocimiento que tenía de cada una de ellas.

Solamente sus vinculaciones con el poder pueden explicar que pueda tener privilegios al que no acceden los ciudadanos comunes. Con los procesamientos a cuestas e incluso con orden de detención, obtuvo el beneficio de no ir a la cárcel y quedarse en su casa con una custodia policial. Pero para cuidarlo porque no se trata de una prisión domiciliaria;  se moviliza a su antojo y fue visto frecuentar uno de las instituciones que sostuvieron su influencia, la Iglesia.

El afán por lograr que este ex magistrado pague su deuda institucional, política, social y con la humanidad, no es venganza. Es la necesaria reparación que se debe demandar a quienes de una u otra forma participaron del plan criminal que tuvo en el secuestro, la tortura y la desaparición de personas sus aristas más crueles.

Ya hay voces que se levantan pidiendo terminar con los procesos por delitos de lesa humanidad. Se fundan en que buena parte de los acusados son personas ancianas, enfermas, sobre las que el paso del tiempo hizo mella.

Podría ser el caso de Ricardo Lona pero ha demostrado que tiene la lucidez suficiente como para entender sus actos y seguir buscando resquicios para huir de la mano de la Justicia.

Tiene fuerzas para ello. Y carece de voluntad de pagar sus cuentas.

Salta, 06 de agosto de 2019

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