Límites

Opinion 05 de agosto de 2019
A días de la primera elección con vistas a la renovación del gobierno nacional y del Congreso, irrumpió un tema preocupante porque impacta en la confianza ciudadana en el proceso. Desde el kirchnerismo se puso en duda la transparencia del escrutinio provisorio y pese a la respuesta inmediata de la Cámara Nacional Electoral, se insiste en que la empresa que realizará la tarea no da garantías de eficiencia.
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La cuestión se instaló desde que se conociera el resultado de la licitación pública convocada al efecto, que significó el desplazamiento de una empresa que actuaba desde hace más de dos décadas. La inquietud se profundizó cuando se realizaron las pruebas de funcionamiento el 20 de julio pasado, a través de las cuales se detectaron varios errores; en casi un tercio de las escuelas de la muestra ni siquiera pudieron conectar.

Ello llevó a que algunos sectores formalizaran sus planteos ante la Cámara, que integran Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, la que pidió la aplicación de una serie de medidas para mejorar el control del conteo de votos y la transmisión de datos. En consecuencia, la Dirección Nacional Electoral dispuso que las alianzas electorales o partidos políticos que participen individualmente en el proceso electoral 2019 podrán designar hasta un fiscal partidario por Centro de Transmisión Electoral instalado en cada establecimiento de votación para fiscalizar el proceso de digitalización y transmisión de telegramas de resultados de mesa tanto en las P.A.S.O, las Generales, y en una eventual segunda vuelta.

El Tribunal Electoral volvió a marcar  que el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados. Su mirada negativa, que viene exhibiendo prácticamente en los sucesivos procesos electorales, tiene que ver a que constituye un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre la integridad de ese procedimiento, ya que se encuentra bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado. Pese a la opinión de la Cámara, sus observaciones ello no han merecido -ni en anteriores administraciones ni en la actual- la adopción de acciones concretas y eficaces tendientes a su transferencia a un organismo sin dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional. También destacó el órgano electoral la función de fiscalización insustituible  que el legislador asignó a los partidos políticos en su carácter de instituciones fundamentales del sistema democrático, tal como lo dispone la Constitución Nacional.

Lo cierto es que los especialistas destacan que los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos, y, en suma, la legitimidad del proceso democrático representativo. En consecuencia, es importante poner en ejercicio todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, con el objeto de asegurar que los comicios traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos, como señala la acordada de la Cámara Nacional Electoral.

Insistir en que no está garantizada la transparencia del conteo provisorio de votos que se realiza tras el cierre de listas en las mesas y en que hay riesgo de manipulación de los resultados, como lo sigue haciendo el Frente de Todos, es una legítima preocupación. Pero debe mantenerse dentro de límites razonables para no resentir la confianza que necesariamente debe tener el ciudadano en el sistema.  

Salta, 05 de agosto de 2019

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