Colisión

Opinion 26 de julio de 2019
Aparecieron los padres para participar de alguna manera en acciones para resolver el conflicto docente. El derecho que tienen a involucrarse en la cuestión está constitucionalmente establecido y regulado por la Ley 7546 de Educación de la Provincia.
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Es importante repasar en circunstancias como las actuales, en las que se cumplieron dos semanas de un paro que paralizó las actividades en escuelas y colegios de todo el territorio, una norma vinculada al ejercicio de los derechos a enseñar y aprender consagrados por la Constitución Nacional, los tratados internacionales a ella incorporados y la Carta Magna salteña.

La ley referida declara que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Es un derecho de la persona, dice el Artículo 3°, pero también reconoce que es un deber de la familia, de la sociedad y del Estado Provincial. En este último caso, asume una función prioritaria, primordial e insoslayable, a través de acciones formales y no formales. Además, destaca que la educación es una prioridad provincial y se constituye en política de Estado para promover el desarrollo integral de la persona, construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, promover el cumplimiento de los respectivos deberes y obligaciones y fortalecer el desarrollo cultural, social y económico de la Provincia.

Los principios y fines de la política educativa justifican plenamente que los padres sean parte fundamental en el proceso de formación de la persona humana de manera integral, armoniosa y permanente, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. La norma taxativamente establece la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones responsables de instituciones educativas reconocidas.

No es posible prescindir de la familia cuando la educación en Salta debe brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos, mediante el ejercicio de valores esenciales, como el respeto por sí mismo y por los otros, el respeto por la vida, respeto a los derechos humanos, tolerancia, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. La ley busca que el sistema educativo forme un hombre capacitado para convivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la libertad y la justicia social pero que también promueva la consolidación de la familia, agente natural y primario de la educación.

La ley provincial de educación describe los derechos y deberes de padres, madres y tutores. Como tales pueden participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. Los deberes que se les asigna son los que también le dan fuerza a una intervención cuando hay niños y adolescentes sin clases desde hace diez días. Son los padres los que deben hacer cumplir a sus hijos la educación obligatoria, asegurando su concurrencia a los establecimientos escolares.

Los docentes tienen, entre otros, el derecho a un salario digno y entre sus obligaciones, la de proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Cuando paran, generan una colisión entre ese derecho y esa obligación, que debe resolverse de alguna forma.

Salta, 26 de julio de 2019

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