Límite

Opinion 12 de julio de 2019
La ciudad volvió a quedar indefensa ante una protesta sectorial, que también se expresó en la ausencia del servicio de transporte colectivo de pasajeros. A instancias de la Unión Tranviarios Automotor los choferes paralizaron los corredores urbanos y luego tomaron el microcentro por asalto, generando el caos consecuente. Los vecinos fueron rehenes de un conflicto que les es ajeno.
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Se trata de una medida de fuerza que incluye solo a las provincias porque los trabajadores del sector pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Cuando habitualmente se pide que se respeten las particularidades regionales en un país federal, en este caso no procede esa conducta. Es que la diferencia parte de un trato discriminatorio según denunciaron los empresarios, quienes no perciben los mismos subsidios que los que prestan servicio en CABA y Conurbano. En la discusión también se puso en evidencia otra cuestión que en el transporte de pasajeros suma para profundizar el impacto de los planes de lucha; las negociaciones son por solo tres meses y en vísperas de comicios generales, se abrirá un foco de tensión para golpear en el ánimo electoral.

Y ese dato es el que se ha agregado en muchos de los conflictos laborales que se han desarrollado este año. Tienen un alto contenido político, como lo demuestra la movilización de los trabajadores aeronáuticos.  Es cierto que hay una profunda crisis económica que está cerrando fuentes de trabajo, que la inflación no para de crecer y el consumo de caer, pero el contexto para nada justifica que se decida suspender actividades en rechazo a políticas adoptas por un gobierno elegido por el pueblo, que se desenvuelve en un marco absoluto de normalidad institucional. Y el mismo tono tienen los paros generales que disponen las cúpulas gremiales al margen de la angustia, la incertidumbre y el temor de los trabajadores.

La propia integración de la conducción de los gremios parte de la pretensión de imponer un modelo que margina la naturaleza sindical de la gestión que le cabe, para incursionar en cuestiones políticas generales. Es así que este jueves el secretario general de ATE, Héctor Godoy, hizo una rápida campaña con vistas a las elecciones internas de su gremio, planteando la opción entre “un Estado al servicio de las empresas transnacionales y subordinado al Fondo Monetario Internacional como quiere Mauricio Macri o un Estado democratizado al servicio de las causas populares”. También exhortó a los afiliados a mantener la capacidad “de seguir reclamando por derechos como trabajadores pero también para pensar en políticas públicas al servicio de las mayorías populares”.

El especialista en Derecho Laboral Walter Neihl Buhler ha señalado en un documento hecho público esta semana que “se reconoce que la huelga debe producir cierto daño al empleador, pero no un ‘daño injusto’, es decir un daño desmesurado. Las regulaciones de la huelga pretenden que ese daño solo afecte al empleador, procurando amparar los derechos de terceros, los consumidores”. Pero a todas luces no es eso lo que ocurre y se viene confirmando que –a instancias de una dirigencia que tiene sus particulares intereses- se despliegan medidas cuya ilegalidad es manifiesta.

Frente a la huelga del transporte de este viernes, una asociación de defensa de consumidores pidió infructuosamente una intervención judicial para que se garantice un servicio mínimo.

Se entiende que el ejercicio de todo derecho tiene un límite a y el de huelga no debe ser la excepción.

Salta, 12 de julio de 2019

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