Orden

Opinion 10 de julio de 2019
Transcurre la segunda semana de vacaciones en la Provincia, que no sólo permite el descanso de docentes y alumnos sino también de jueces y legisladores. Los cuerpos deliberativos han entrado en un paréntesis y buena parte de sus miembros están utilizando este tiempo para optimizar su posicionamiento para la próxima puja electoral. Pero a algunos sectores sociales les importa más la resolución de cuestiones pendientes.
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En junio pasado se realizó una reunión ampliada de concejales y funcionarios municipales capitalinos para analizar modificaciones a la Ordenanza que regula la habilitación y condiciones de funcionamiento de los establecimientos o locales destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas y deportivas. Lo que se buscaba era prevenir lesiones, enfermedades o secuelas en estas prácticas.

Es que la preocupación en ese momento era una reacción espasmódica a la muerte de un joven en un gimnasio. El incidente movilizó los esfuerzos de especialistas y autoridades responsables para mejorar la legislación vigente pero cerró con el acopio de propuestas y sugerencias, a través de las que los distintos sectores trataron de mejorar su participación en el sistema. Y se determinó la necesidad de aumentar los controles en los establecimientos dedicados a la gimnasia y los deportes.

Ahora hay una nueva embestida, destinada a limitar la venta de suplementos nutricionales en los gimnasios. Esa tarea es cumplida por instructores, quienes también se atreven a indicar dietas para permitir que se alcancen objetivos como la reducción de peso, amento de la masa muscular y otros aspectos vinculados al cuidado y desarrollo corporal. Es un tema polémico porque tiene un fuerte contenido comercial y son intereses que, cuando se rozan, generan marcada resistencia.

De todas maneras, la situaciones señaladas deben ubicarse en una problemática que fuera denunciada en el Concejo Deliberante por el edil olmedista Santiago Alurralde. Se trata del cúmulo de ordenanzas que se sancionan y no se aplican. Es una cuestión que se viene arrastrando desde hace largo tiempo y que reconoce distintas razones, incluso el afán legisferante de quienes tratan de darle sentido a su banca a través de un exceso normativo.

La Ordenanza 12.215, de regulación de gimnasios, tiene quince años de antigüedad y su reglamentación es materia pendiente. En la letra, es un trabajo muy prolijo pero no se refleja en la situación del sector. Por ejemplo, establece que los responsables de los locales regulados deben capacitar a su personal en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios, Indica también que los establecimientos destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas y deportivas en cualquier modalidad de enseñanza o nivel de rendimiento técnico, físico y deportivo, tiene que contar en su plantel por lo menos con el asesoramiento de un médico con capacitación especializada. También es taxativa la prohibición de la venta o suministro de medicamentos, estimulantes o anabólicos esteroides y el expendio de bebidas alcohólicas. Tampoco permite la indicación o sugerencia de cualquier dieta que no se encuentre prescripta por un profesional de la especialidad.

En ese orden puede apreciarse que la resolución de algunos problemas solo requieren que se apliquen las normas y no que se abran resquicios para desequilibrar el orden dado. Pero la ausencia de control genera la sensación de orfandad legislativa y es lo que no debe permitirse

Salta, 10 de julio de 2019

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