Costo

Opinion 05 de julio de 2019
No es un tema de discusión abierta. Se debate en círculos de especialistas, se discute en reuniones de cúpula porque pareciera que no es políticamente correcto que se hable del costo de la política. Es que la referencia se abre hacia un pasado que se siente todavía cercano en el que la democracia era un anhelo.
dinero

Pero no se deben parapetar detrás de ella quienes se oponen a que se aborde la cuestión, que tiene aristas preocupantes porque los excesos atentan contra la democracia, a la que se la va convirtiendo en una herramienta para la satisfacción de intereses particulares o sectoriales. Con precisión se debe indicar a qué se llama el costo de la política.

En tiempos como los actuales, se lo vincula a la inversión que demanda una campaña electoral. A mano alzada, un pre candidato a senador nacional por Salta precisaba que necesitaba quince millones de pesos para gastar desde hoy hasta el fin del escrutinio definitivo. En cifras redondas, significan unos 405 mil pesos por día para lograr la candidatura. Y es una cifra que se va solo en la impresión de votos y en el pago a quienes deben tener la responsabilidad de fiscalizar la PASO del 11 de agosto. Aún no se tiraron cifras sobre el costo de una campaña presidencial pero la última, la de 2015, exigió unos 100 millones de dólares.

Y esas cifras no ponderan valores que se ponen en juego en una campaña. Por ejemplo, en los quince millones de pesos que Walter Wayar ha contabilizado no sumó el precio de su imagen; se puede asegurar que más del 90% de la población lo conoce por su carrera política. Respecto de otros candidatos, también debiera considerarse lo que representa usar la función pública como parte de su promoción. Si bien la normativa vigente prohíbe a que se hagan actos de gobierno que puedan orientar el voto dos semanas antes de la elección, los funcionarios que tienen la pretensión de proponer su candidatura trabajan con antelación para posicionarse. Uno de los casos emblemáticos fue el ex Jefe de Gabinete Fernando Yarade, quien convirtió su aspiración de llegar a la Gobernación de la Provincia, cargo que se pondrá en juego en noviembre próximo,  en una verdadera política pública financiada con recursos del Estado.

Que efectivamente los gobiernos son bienes que se usan en campaña electoral lo confirmó Wayar, quien tiene una extendida experiencia electoral desde el Justicialismo y doce años de ejercer la vicegobernación. En Cara a Cara dijo que no debía subestimarse a ningún sector, teniendo en cuenta que entre quienes empujan el carro hacia el triunfo electoral hay figuras como Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y Mauricio Macri, presidente de la Nación; esto es, el poder puesto al servicio de sus candidaturas. 

La ley de financiamiento de los partidos políticos, modificada recientemente para regular el aporte de empresas, no morigera la expansión del gasto electoral. Esa circunstancia pone en tela de juicio la efectividad de la normativa.

Queda para otro análisis otros gastos de la política, como el que ha comenzado a contenerse a partir de la decisión que se conoció hoy por la que se anuló el intercambio de tickets aéreos por efectivo en el Senado de la Nación. Las repercusiones indican que la medida cayó mal en un ámbito dispendioso, donde cada legislador despilfarra en asesores y empleados públicos. Los tres senadores salteños tienen a su servicio más de 90 personas, al margen de la planta permanente de la Cámara.

La política es una herramienta para el bien común pero usada de esta manera, pareciera que es para el bien de pocos.

Salta, 05 de julio de 2019

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