Protección

Opinion 03 de julio de 2019
A 17 días de sucedido, el apagón nacional del Día del Padre dejó de ser un enigma. El gobierno nacional informó ante un pequeño grupo de senadores, que están identificados los responsables del apagón.
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El dato no es ocioso porque permite determinar la naturaleza del suceso, que generó una importante pérdida al país que se estima en unos 3 millones y medio de dólares. Descripta la misma, es posible ajustar los protocolos de actuación y determinar con certeza las posibilidades que se repitan. 

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, fue el responsable de brindar explicaciones ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado y aseguró que no fue un problema estructural ni de falta de inversión. En síntesis, se concluyó en que se inició con un error operativo por parte de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, que generó un desbalance entre oferta y demanda.

A partir de allí se dio una inusual concurrencia de otros factores configurando un nivel de stress inhabitual en el sistema ya que no se habían exhibido de esa manera en ninguna otra oportunidad. Citó, entre otros errores, que hubo generadores que se desconectaron prematuramente provocando una caída del 10% de la producción de energía eléctrica. Asimismo, 69 de las 75 distribuidoras que operan en el país no cumplieron con el corte obligatorio para esas circunstancias. 

En ese panorama, el Noroeste Argentino jugó un papel importante. De las cinco generadoras que se desengancharon incorrectamente, dos están ubicadas en la región: Termoandes y El Bracho.

Al fundamentar que se trató de errores operativos, el funcionario nacional desplegó datos que san cuenta que no se trata de falta de inversión, ya que el volumen promedio de estos últimos cuatro años triplica valores constantes a las inversiones realizadas desde 1994, cuando se inició el proceso privatizador de servicios públicos.

En cuanto a problemas de estructura, fueron descartadas ante tasas de falla que sólo son mejoradas por Canadá en esta parte del mundo. En la región, Chile –una de las economías más eficientes- la triplica y Brasil, la cuatriplica.

Lo que viene es la aplicación de sanciones. Las autoridades regulatorias deberán abocarse a la tarea de ponderar los perjuicios para determinar las penalidades. En la Provincia, atendiendo que la distribución es de su responsabilidad, corresponderá al Ente Regulador de Servicios Públicos tomar las decisiones correspondientes.

Lo conocido en esta jornada es un informe preliminar y el caso no cerrará en lo inmediato. Aunque no se conoció localmente un perjuicio masivo, seguramente se determinarán si hay situaciones particulares que se atenderán.

Las conclusiones, en principio, excluyen razones de fuerza mayor. El peso de los errores operativos debiera permitir la compensación de las pérdidas. Esa es una tarea pendiente que pondrá a prueba el sistema de protección de los derechos de usuarios, que no parece una prioridad de estos tiempos.

Salta, 03 de julio de 2019

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