Prepotencia

Opinion 27 de junio de 2019
Un intenso debate en el Concejo Deliberante no alcanzó para poner a cubierto a la ciudad del desborde electoralista de sectores políticos y dirigentes que tratan de ganar la voluntad popular, marcando a fuego la memoria ciudadana con imágenes de rostros que se ubican en cualquier lugar. De la sesión de ayer sólo quedó firme la convicción de ese sector que tienen derechos que se emparentan con privilegios.
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Es que finalmente volvió a comisión un proyecto que modifica la ordenanza sobre cartelería pública, para ordenar la publicidad política en la Capital. Fue presentado en abril del año pasado, cuando la actividad electoral era lejana, lo que permitía establecer reglas claras para su desarrollo este año. Su autor, el olmedista Santiago Alurralde, proponía que los partidos políticos y  candidatos, se hagan cargo de limpiar la ciudad de cartelería después del período electoral.

Un propósito sencillo y razonable desató una catarata de consideraciones que avanzaron, incluso, sobre libertades constitucionales que para nada se ponen en riesgo con iniciativas como la que se intentó aprobar ayer, luego de más de un año de espera. El autor echó mano al hartazgo ciudadano por carteles de publicidad política que se instalan en cualquier lugar y quedan para siempre.

La falta de voluntad de los concejales por terminar con la contaminación visual, que no solo es agresión ambiental, se expresó en manifestaciones que llevaron la cuestión por caminos oscuros, sinuosos, ajenos al tema en tratamiento. En el intercambio de opiniones se pusieron a consideración aspectos que hacen a las campañas electorales pero en base a planteos personales o sectoriales que relegan el interés público.

Es así que la vocera de uno de los partidos más agresivos contra paredes, columnas de alumbrado público y elementos de señaléctica reivindicó las pintadas y los carteles de sus dirigentes que se repiten en cada elección al punto que se podría considerar innecesario renovarlos. Si bien no negó que tomar por asalto esos espacios es un modo de militancia cuestionó la publicidad oficial sin hacerse cargo del inefectivo control que el Partido Obrero despliega sobre el manejo de recursos públicos.

No faltó quien denunciara ser urgida a un voto para el que no estaba preparada, aunque el proyecto haya estado disponible largo tiempo –junto a otro de la misma naturaleza- para ser trabajado en comisiones. La kirchnerista Lihué Figueroa manifestó su apego a las desordenadas pegatinas involucrando a la libertad de expresión, como si ese bien social quedara dañado por la defensa de derechos que tienen los vecinos capitalinos a preservar bienes públicos y comunitarios. Otros concejales pusieron en tela de juicio la tarea de los medios de comunicación y denunciaron la falta de equidad en el trato por no contar con el respaldo de estructuras fuertes.

No hubo autocrítica sobre los perjuicios que padecen los habitantes de la ciudad a manos de dirigentes convencidos que su decisión de ocupar cargos electivos es una causa social a la que todos deben contribuir con su paciencia y tolerancia. Tampoco ninguno se hizo cargo de sus propios excesos como cuando se autopostulan, comunicando sus intenciones hacia el interior de sus agrupaciones desde los espacios públicos o adelantan sus campañas, incumpliendo los plazos legales que se imponen para ordenar una de las actividades más relevantes de la política.

El voto es un deber pero fundamentalmente un derecho que tienen los ciudadanos y no puede orientarse de manera prepotente e irrespetuosa. Esa consideración ni se insinuó en un ámbito en el que falta humildad y moderación.

Salta, 27 de junio de 2019

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