Anticipos

Opinion 11 de junio de 2019
Cuando todo parece indicar que en este tiempo de definiciones electorales, cualquier otra cuestión no debe alcanzar mayor trascendencia, un conjunto de hechos están anticipando que hay temas que se van a colar en la campaña, más allá de las intenciones de los espacios políticos. Uno de ellos es el referido al género, que pone en una situación incómoda a una dirigencia que no tiene empatía con esta problemática.
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La decisión de los grupos feministas de llevar nuevamente al Congreso el proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, se sumó a los avances que en el sistema educativo tiene el desarrollo de la educación sexual integral, que en Salta tiene otro peso a partir del retiro de la catequesis de las aulas. En tanto se aguarda el momento del inicio formal de campaña, las sesiones–al menos de la Legislatura Provincial- se abrieron a una serie de proyectos de fuerte peso social, como son las que proponen mejorar la situación de la mitad del padrón electoral. Sin embargo, se entiende que son polémicos y dividen las aguas en una sociedad de fuerte raigambre religiosa.

Pese a todo, ningún sector quiere bajarse de esa ola y se esfuerza para hacer un aporte que cualquier mujer recuerde a la hora de emitir su voto. Es así que en el Acta de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados incluye una iniciativa que viene del Senado –cámara muy poco afecta a tratar cuestiones de género- para crear una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Hechos de Violencia Social, Familiar y de Género.

El que se lleva las palmas es una iniciativa del diputado Lucas Godoy -montado en una vigorosa línea de exposición, quizás para llegar al Congreso- que propone modificar la Ley de Protección contra la Violencia de Género. Amplía el abanico de medidas a adoptar judicialmente a partir de la denuncia de una mujer víctima de un problema que en muchas sociedades del mundo ya es un flagelo. Incorpora nuevas medidas para configurar un sistema que tutele y dicte de manera urgente y provisoria alimentos, régimen de la comunicación y  la restitución inmediata de los niños/as que quedan en poder de los agresores. También dispone el tratamiento psicológico de manera obligatoria para los agresores y da un paso muy largo cuando determina sanciones a jueces que no cumplan con el dictado de las medidas contempladas en la ley que se modifica.

Hasta sectores reacios a darle mucho vuelo a las demandas de los grupos que defienden los derechos de la mujer, representados por el diputado macrista Andrés Suriani, incluyó en el temario de hoy una cuestión que pone a las madres en una puja permanente con el hombre abandónico. Con la firma de este legislador se propone modificar disposiciones vinculadas al  Registro de Deudores Alimentarios Morosos, reduciendo el número de cuotas alimentarias impagas para ingresar en la nómina nefasta, por un innegable sentido de justicia y sentido común.

Una cuarta iniciativa, sin que el orden de la mención contenga una valoración de las propuestas, es la que propone crear un Programa de Capacitación y Acompañamiento en Construcción de Viviendas, destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad: víctimas de violencia, madres solteras y en situación de calle.

Nada indica que tengan tratamiento pero puede observarse que hay preocupación por controlar, apurando resoluciones, el tono de demandas de un grupo de electores de peso gravitacional por su número pero también por la intensidad de su lucha, cuando resuelve asumir la defensa de derechos arrumbados en algún rincón de la letra de la Constitución.

Hasta tanto haya propuestas programáticas y candidatos que las sostenga, bien vale un Acta de Labor Parlamentaria.

Salta, 11 de junio de 2019.

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