Razones

Opinion 05 de junio de 2019
Desde que lo firmó, el 16 de noviembre de 2017, el Consenso Fiscal le sirvió al Gobierno de la Provincia como un paraguas para ponerse a cubierto de la lluvia de críticas de final de ciclo. Juan Manuel Urtubey y sus voceros –como los legisladores oficialistas- usaron ý usan ese cepo para explicar por qué hay problemas de gestión.
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La última vez que el mandatario provincial echó mano a ese recurso fue esta semana, a casi 10 días de un acampe de trabajadores precarios de la administración pública que reclaman su pase a planta conforme a compromisos suscriptos con el Ejecutivo Provincial. El Gobernador explicó que por la Ley de Responsabilidad Fiscal no puede hacer que los trabajadores pasen a planta permanente. En consecuencia, se necesita reformar una ley nacional y una provincial de adhesión para satisfacer el pedido.

Esa norma es producto del acuerdo firmado con el presidente Mauricio Macri, que marcó el inicio de una relación financiera entre los dos niveles de gobierno muy favorable al Ejecutivo local, por entonces sumido en una situación deficitaria que llevó al reemplazo del responsable manejo de los recursos públicos, el Jefe de Gabinete. Con el acuerdo, la administración de Urtubey recibió dinero fresco para cubrir vencimientos perentorios pero también se incrementó la coparticipación teniendo como contraparte, entre otras obligaciones, bajar "impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años y aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, por la que le es exigible mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

Cabe recordar que el salteño fue uno de los gobernadores que con diligencia comenzó a participar en las negociaciones del Consenso y el primero en suscribirlo. Además, la Provincia tomó la delantera en la sanción de la ley de adhesión. En la Legislatura se escucharon desde el propio oficialismo algunas críticas a la decisión de sumarse a un acuerdo que parecía quitar autonomía a un gobierno de signo político contrario. En realidad, el sacrificio fue impuesto al sector privado porque se aprovechó -con el pretexto de colocarse en una línea de partida media en el país- para aumentar alícuotas de impuestos que progresivamente van a desaparecer.

Sin embargo, la deficitaria situación provincial demandó otros esfuerzos para equilibrar las cuentas. Con un decreto de restricción de gastos se apuró la reducción de la planta de la administración pública y más de 2 mil trabajadores pasaron al sector pasivo. También se reconvirtió el llamado Agrupamiento Político, un escalafón diferente por sus características de transitoriedad pero, especialmente, por el monto de los sueldos que se pagan por tareas de asistencia directa a funcionarios jerárquicos no al servicio que representa el empleo público. La reconversión, básicamente, fue un cambio de denominación.

Hasta ahora, de la restricción del gasto se ha manifestado en la falta de cobertura de cargos imprescindibles para el funcionamiento eficiente de servicios como el de salud o de mantenimiento imprescindible, como el de caminos provinciales y vecinales que golpea a habitantes del interior y a economías en no pocos casos de subsistencia. No frenó, en cambio, los gastos del funcionariado en viajes al exterior.

Las normas referidas a la responsabilidad fiscal ponen límites, imprescindibles especialmente cuando finalizan mandatos pero no interrumpen el funcionamiento del Estado. Alguna otra explicación tendrá el Gobernador de la Provincia para no regularizar la situación de trabajadores.

Salta, 05 de junio de 2019

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