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Opinion 29 de mayo de 2019
El último tramo de la gestión de Juan Manuel Urtubey quedó en medio del debate de la Cámara de Diputados. Todo anticipa que en próximas sesiones será lo que impulsará el análisis de distintos aspectos de las políticas públicas en vigencia.
diputados

Puntualmente, la protesta de personal de salud del interior –parte de la cual se expresa frente al Centro Cívico Grand Bourg- disparó una serie de reflexiones sobre actuaciones del Ejecutivo que cuestionaron los legisladores.  Cabe recordar que fue precisamente esa Cámara la que rompió la inercia de la cartera que encabeza Roque Mascarello respecto del problema del dengue en el Norte de la Provincia.   

En ese ámbito se centraron las críticas, algunas fundadas en los propios informes del Gobierno de la Provincia que, por ejemplo, no ha logrado cubrir las necesidades de personal  en los establecimientos sanitarios de toda la Provincia. También se denunció que las vacancias del interior se trasladan a la Capital.

Este panorama llevó el debate hacia otras particularidades de una gestión en el ocaso, que conducen necesariamente al manejo de fondos públicos. En ese orden debe destacarse la iniciativa de un legislador oficialista, en orden a modificar la distribución de la coparticipación municipal.

El proyecto – al que se bajó del Acta de Labor Parlamentaria de ayer- fue presentado por el diputado Mario Alberto Vilca, quien no solo presidente la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sino  que también podría participar de una interna por la intendencia de Cerrillos. Su propuesta se centra en la necesidad de  una actualización de los índices de participación, por la situación actual de los Municipios, por los cambios demográficos, por los procesos dispares de desarrollo entre los mismos y otras razones de similar envergadura. La norma vigente  data de 1976 y tuvo una modificación sustancial en 2010, cuando se cambió la escala de distribución del Fondo de Convergencia Municipal. La pretensión apunta a cerrar este proceso, antes que definitivamente fenezca una gestión que se asentó visiblemente en la tarea de los intendentes.

Estas cuestiones no soslayaron el tratamiento del manejo de fondos provinciales en relación a la campaña electoral que formalmente no se inició pero ya se evidencia en distintos hechos. Es así que desde la oposición se criticó que tanto el gobernador Juan Manuel Urtubey como el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, prácticamente hayan dejado de lado sus funciones para dedicarse a su carrera a la Presidencia de la Nación y a la Gobernación de la Provincia, respectivamente. No se trata solamente de la utilización de recursos del Estado a esos fines; los cuestionamientos suman el abandono de las obligaciones de gestión. El oficialismo recogió el guante y ofreció el ámbito de la Comisión Revisora de Cuentas para pedir informes para transparentar si hay financiamiento de actividades no oficiales.

Estas preocupaciones no rozaron las razones que llevaron a que hoy el país y la Provincia muestren una paralización significativa de las actividades económicas. Ni tampoco detuvieron la sucesión de reuniones de orden electoral que centran la atención de los gobernantes.

La oportunidad de estos encuentros pone su legitimidad en el debate.

Salta, 29 de mayo de 2019

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