Intervención

Opinion 26 de abril de 2019
Los cinco millones de pesos que en exceso se pagaron en sueldos en la comuna de Campo Santo constituyen un caso que debe ser investigado por la Justicia. Por ahora hay una intervención administrativa y la situación está centrada en la situación de los trabajadores involucrados, que ya han expresado sus reclamos con cortes de los accesos a esa localidad.
campo santo

Precisamente, la inacción judicial a casi veinte días que la cuestión tomara estado público, fue lo que motivó que en el Senado de la Provincia se expusiera la necesidad de dicha actuación. El legislador de General Güemes, departamento en el que está localizado el municipio en conflicto, requirió determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido para que el Gobierno Provincial, de las respuestas adecuadas a los empleados.

Tuvo repercusión nacional lo acontecido en Campo Santo, una localidad de 6 mil habitantes que tiene 120 empleados municipales. Fue el propio intendente Mario Cuenca el que anunció que había solicitado una auditoría porque se había detectado que se estaban pagando cifras elevadas por sueldos a raíz de un error que se estaría cometiendo desde  2016 en los ítems antigüedad y título. La cifra estimada del daño al fisco es millonaria, lo que llevó a que el jefe comunal advierta que debe procederse a su devolución.

La decisión impactó en la masa de trabajadores porque no solo se trata de dejar de cobrar cifras hasta duplicadas en algunos casos, sino que los montos a devolver alcanzan montos inaccesibles para quienes venían beneficiándose con el sobresueldo.  Para tomar dimensión del estropicio, el propio intendente  debe devolver unos 800 mil pesos  porque está incluido en la nómina de los que recibían mayores montos a los correspondientes.

El conflicto social se instaló de inmediato y llegó a la Secretaría de Trabajo, que medió para resolver lo que desde el sector laboral se consideró una confusión. El resultado fue un acuerdo por el cual el Ejecutivo Provincial repondrá la cifra total a fin de evitar la devolución que, seguramente, podría desequilibrar los presupuestos familiares y el desarrollo de la vida cotidiana que se mueve en torno de los recursos que se vuelcan al circuito económico de Campo Santo a través de los sueldos de esos trabajadores. El conflicto no ha cerrado porque superada la amenaza de una abultada deuda con el fisco, se negocia una nueva grilla salarial para compensar las pérdidas que generará la corrección.

La advertencia del senador Carlos Rosso en orden a que el problema debe judicializarse aportó un nuevo ingrediente, que muchos han considerado razonable. La paz social no es la que se logra destrabando un conflicto gremial. Se alcanza cuando la convivencia comunitaria es armónica, sin privilegios ni prebendas.

No puede cerrarse el caso sin determinar si lo ocurrido fue un error o se cometió un ilícito.

Salta, 26 de abril de 2019

Te puede interesar

Boletín de noticias

Te puede interesar