Conflictividad

Opinion 08 de abril de 2019
Varios puntos calientes están emergiendo en el escenario político provincial, que muestran que la construcción de espacios políticos y de listas de candidatos con vistas a las próximas elecciones, está fuera del centro de atención ciudadana. Por ahora es tarea de la dirigencia política partidaria.
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Las necesidades, inquietudes y problemas de distintos sectores están demandando la atención de los gobernantes, más allá que estén transitando el final de sus mandatos. Pero, además, impactan no solo en el ánimo sino en la propia situación de ámbitos no involucrados directamente, generando un entramado que no les deja escapatoria.

El caso emblemático por estos días es el de los bagayeros, que durante mucho tiempo fue observado como un problema fronterizo, circunscripto a un grupo que opera en la zona de Orán y San Martín. Las primeras medidas para lograr su encauzamiento van advirtieron que se proyecto en otras áreas sociales, económicas y geográficas. La resistencia al cambio está ganando adeptos en Salta y en Jujuy.

Declaraciones de funcionarios nacionales de Fronteras dan cuenta que las consecuencias sociales de un ordenamiento fiscal no han sido justipreciadas en toda su magnitud. Para el Ministerio de Seguridad de Seguridad de la Nación y la AFIP se trata de la comisión del delito de contrabando pero para ambas provincias es el primer eslabón de una cadena que llega a varios centros urbanos –especialmente las capitales de ambos estados- donde operan ferias populares. En predios que generalmente cubren espacios públicos, como plazas y calles, se montan bocas de expendio de mercaderías que van desde ropa usada a frutas, verduras y productos de almacén a precios irrisorios.

La transformación en un negocio legal del tráfico ilícito por pasos no habilitados en el norte de la Provincia no pareciera que sea una tarea fácil de implementar. Es que se trata de iniciativas  diseñadas en despachos metropolitanos ajenos a una cultura que se asienta en la pobreza estructural de pueblos que solo recibieron beneficios del asistencialismo y nunca fueron objetos de planes de desarrollo.

El Gobierno Nacional ha encontrado como camino a la legalización de situaciones irregulares -cuando no ilícitas lisa y llanamente- que los comerciantes radicados en el departamento de Orán ingresen a un régimen simplificado de importaciones y que los bagayeros se conviertan en trabajadores de frontera, registrados y aportantes. La decisión es necesaria e impostergable para imponer la legalidad.

De todas maneras, el golpe ya se está  sintiendo en actividades conexas como el de las ferias que, en Salta, involucran a unas 600 personas que ven peligrar su fuente de ingresos y anticipan el aumento de la conflictividad social.

No es un buen panorama para declarar pretensiones electorales, particularmente por parte de aquellos que tienen responsabilidades de gobierno.

Salta, 08 de abril de 2019

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