Decaimiento

Opinion 04 de abril de 2019
Al margen de las decisiones, este jueves se registra un hecho institucional gravitacional aunque habitualmente no se coloca en el centro de la atención pública. Se trata de la designación del Presidente de la Auditoría General de la Provincia, que tiene una importancia similar a la integración de este cuerpo colegiado de control público.
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Es la propia Constitución Provincial la que advierte sobre esta trascendencia cuando dispone los mecanismos de su integración. Además de prever las condiciones que exige la tarea a desarrollar, vinculadas a la administración financiera, de control y auditoría, obliga a la intervención de la oposición en la selección de los miembros de la conducción.  El Artículo 169 dispone que los auditores sean seleccionados por una Comisión Permanente de la Cámara de Diputados integrada por siete miembros, con participación de la minoría y son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores, en una sesión que también es pública. Sus mandatos duran cinco años y pueden ser reelegidos. Tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas inmunidades que los jueces y son removidos por las mismas causas mediante Juicio Político.

Podrá advertirse que el Poder Ejecutivo no postula a los candidatos y ello es así porque se trata de sus controladores. Pero de ninguna manera significa que su interés no sea atendido ya que ese papel lo cumple el oficialismo. El sistema es bueno en la letra pero no en la realidad.

No se busca la idoneidad de los miembros de la Auditoría y hay antecedentes que así lo demuestran. Se llega incluso a ignorar el espíritu de los constituyentes cuando habilitaron la participación de la minoría, como un reconocimiento a la oposición. De allí las polémicas que se generan en torno de algunas designaciones, como la última del ex diputado Mariano San Millán. Hubo otra mucho más conflictiva como la producida en marzo de 2016, que permitió el ingreso a la Auditoría de Gustavo Ferraris, quien llegó a integrar la Corte de Justicia en otro proceso que también fue objeto de duros cuestionamientos por su falta de solvencia académica.

Este abogado tiene como principal atributo su cercanía con dos de los principales referentes del poder político provincial. El ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero lo depositó como el huevo de la serpiente en el máximo tribunal en noviembre de 2007, a pocos días de transferir el mando a Juan Manuel Urtubey. Fue el bloque romerista el que impulsó su designación como auditor en 2016, con el acompañamiento del urtubeismo que presidía la Comisión de Auditoría de Diputados.

Es el mismo sector político el que sigue impulsando el avance de quien fuera Secretario de Seguridad cuando se produjo la feroz represión contra docentes en paro, que se conoce como La Noche de las Tizas. Ya no es  la serpiente en gestación que inspira la compasión. Pareciera que su poder de destrucción está probado y se lo encarama en la titularidad de la Auditoria, para conducir el control de la gestión pública, generosa hacia atrás y rígida para el caso de un cambio de gobierno.

La calidad institucional sigue decayendo por voluntad del poder político.

Salta, 04 de abril de 2019

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