Resistencia

Opinion 02 de abril de 2019
El narcotráfico aprovecha la ausencia del Estado para crecer. Las zonas de frontera, paradójicamente, son en este país las más vulnerables.
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Eso se está notando en estos días en que avanza en Salta la aplicación del el plan Fronteras Seguras, que desde 2016 viene desarrollándose por capítulos. En ese año, su ámbito de aplicación en especial fue el área de Migraciones pero también se dispuso la activación las 24 horas de todos los radares fronterizos, aunque en la zona de Orán y Aguas Blancas ni siquiera estaban instalados.

El último movimiento se registró en agosto pasado, cuando el presidente Mauricio Macri puso en marcha desde Jujuy el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en actividades de seguridad interior, algo que está prohibido por ley del Congreso. En la vecina provincia quedaron ubicados satélites y postas donde conviven miembros de las fuerzas de seguridad federales y militares.

El último paso se registró ayer cuando durante una visita de la ministra de Seguridad de la Nación  Patricia Bullrich que no tuvo mucha repercusión pública, hasta que se desató una movilización de repudio. En la oportunidad  se inauguró el Sistema de Vigilancia Inteligente, con lanchas y radares y se puso en marcha el Régimen Simplificado de Importaciones. 

Se trata del cierre del puerto de gomones y el by pass del puesto 28 de Gendarmería, con lo que se pretende terminar con pasos de tráfico ilegal. La acción se cierra con el fin de la informalidad de un importante número de ciudadanos que en esa zona se dedican al llamado “bagayeo”. Fueron censados y suman alrededor de tres mil, quienes fueron convocados a registrarse para llevar adelante una tarea acotada de comercio exterior.

Esta última decisión, que pone a organismos federales de control –como la AFIP- detrás de este nutrido grupo, generó una fuerte movilización  con picos de tensión en un ataque a la comitiva de funcionarios que participaron de los actos y con un corte de la ruta 50, que se levantó temporalmente esta mañana para facilitar negociaciones.

De lo que se trata y no se expresa con precisión, es la resistencia  a salir de la informalidad en el caso de “los verdaderos trabajadores sociales”, como los llamó el Gobernador de la Provincia. Pero el mandatario reconoció que ese grupo se confunde con “los mercaderes de la muerte, vinculados al narcotráfico”. El sistema de legalización va a beneficiar a un centenar de personas, según las condiciones establecidas a ese fin.

Los bagayeros asumen que su tarea no tiene modo de formalizarse en tanto no puedan declarar el origen de la mercadería que trafican. Saben que son meros intermediarios entre dos sectores que actúan en la clandestinidad.

Apoyar la resistencia de los bagayeros lamentablemente no expresa comprensión hacia una situación social desfavorable sino que fortalece el predominio del crimen organizado en un área sensible del territorio nacional.

Salta, 02 de abril de 2019

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