Soluciones

Opinion 11 de enero de 2019
Intensa actividad política va generando el año electoral. La decisión del Ejecutivo Nacional de hacer jugar al Congreso un mes antes del inicio del período ordinario de sesiones, anticipó que la cuestión de la seguridad estará en la agenda de campaña. El tema está movilizando a otros sectores de fuerte influencia social como es la Iglesia Católica.
delincuencia

Fue la ministro del ramo, Patricia Bullrich, la que puso la cuestión sobre el tapete al exponer los fundamentos de la política para el sector del gobierno de Cambiemos que se ha propuesto pasar del modelo kirchnerista basado en la exaltación del victimario a un modelo donde la sociedad y la victima están en el centro de las preocupaciones gubernamentales. En ese marco se inscribió la decisión de enviar en febrero a extraordinarias un proyecto de Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad. Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos convocó a la oposición -en lugar de criticar- a discutir los proyectos aportando ideas para hacer frente al delito con la idea de vivir en una sociedad más pacífica.

En el Parlamento hubo una inmediata reacción desde la oposición, que fue desde el cerrado rechazo por la oportunidad al clamoroso aplauso por la intención, aunque coincidentemente reivindicando la autoría de iniciativas para resolver la problemática de menores que delinquen. En las filas de apoyo se ubica el salteño Alfredo Olmedo. Pero una de las opiniones más importantes por el lugar que ocupa fue la de la titular de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la senadora nacional justicialista Norma Durango, quien puso en duda que el proyecto tenga buenas intenciones y le adjudicó intencionalidad electoral porque hubo iniciativas similares en 2015 y 2017.

Por fuera del arco político partidario, la iniciativa fue contrapuesta por la severa crítica de un sector de la Iglesia Católica, que opinó que “pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva”. Así se expresó la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, un organismo integrado por católicos, entre los que se cuentan sacerdotes que trabajan en villas de Buenos Aires, a través de un documento en el que reconoce que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente pero no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales.

Esta posición tuvo su versión local a través del párroco Sergio Chauque, de Apolinario Saravia, una localidad del Departamento de Anta donde se vienen registrando preocupantes situaciones que ponen en riesgo a los jóvenes. El sacerdote consideró al proyecto como una medida simplista, considerando que temas claves como la educación pública, la inclusión de los jóvenes y la creación de fuentes de trabajo para los padres, no se resuelven enviando a la cárcel a los menores.

Si el propósito de la iniciativa es electoral, podría discutirse la utilidad del recurso. La actual gestión nacional tiene muchos flancos débiles que se exponen con la problemática que se aborda en la pretensión de reformar el régimen penal para los jóvenes.  La mención que el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de Unicef, es ineludible.

Y también lo es asegurar que la política no está dando respuestas adecuadas a los grandes problemas sociales, en la nación, las provincias y los municipios.

Salta, 11 de enero de 2019

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