Pretextos

Opinion 28 de diciembre de 2018
El año del servicio de transporte masivo de pasajeros que presta SAETA cierra con severos cuestionamientos, que no se centran en el incremento de tarifas sino en la ineficiencia de la gestión de problemas cotidianos que enfrenta el usuario. La última decisión de las autoridades de la sociedad del estado responsable del servicio ha tocado el límite de la tolerancia de decenas de miles de vecinos que no pueden prescindir del mismo. Y ha puesto en evidencia situaciones que consagran una desigual relación de consumo.
saeta-salta-colectivos-transporte

Luego que se impusiera la prohibición de compartir la tarjeta de pago si no está asegurado un mismo trayecto, lo que se sobrevino fue la queja y luego, una presentación formal ante la Secretaría de Defensa del Consumidor para que resuelva  el problema que representa la falta de acreditación de dicho pago.

La situación expuesta por el usuario destaca que cuando se carga una tarjeta, se adquiere un crédito para usar el servicio pero nada documenta que efectivamente se usó para realizar un viaje determinado. Para ello se necesita un boleto que la empresa que recepta del pago no extiende, dejando al usuario sin un comprobante que le permita demostrar que forma parte de un pasaje a la hora de tener un inconveniente. Esto es, el usuario viaja sin seguro ya que no podría acceder a su usufructúo. Según la presentación efectuada ante Defensa del Consumidor, SAETA incumple el contrato que establece con el usuario.

La empresa sostiene otro criterio que es el nudo del conflicto. Según explicó el Gerente General de SAETA, el viaje no se paga en la unidad que se usa sino al momento de cargar la tarjeta. Seguramente le caerá la parte de la biblioteca jurídica que pone a los derechos de consumidores y usuarios en un lugar preponderante de los que tienen raigambre constitucional.

No es un caso menor ya que no solamente se están exponiendo argumentos aparentemente endebles sino que se tratan de reforzar con la advertencia –considerada una amenaza por algunos especialistas- de recurrir a la fuerza pública para imponerlos. En el mejor de los casos, la medida ha sido calificada de abusiva.

El sistema de tarjetas adolece de muchas falencias y genera suspicacias porque se trata de un servicio tercerizado que tiene un alto costo. No es un instrumento nominal, no se facilita el control de saldos con ella, entre otros problemas. Pero fundamentalmente no se ha logrado armar una red de recarga eficiente; de allí que se impone la necesidad de recurrir a la solidaridad de otros usuarios para pagar un viaje.

Ese lazo, que surgió del ingenio para sortear los obstáculos que SAETA impone o al menos no elimina, es lo que ahora pretende romper bajo el pretexto garantizar la seguridad del pasajero. La comprobada necesidad de mejorar la recaudación, que ha llevado a ajustar el precio del boleto, también impone un mayor control que la empresa ha decidido trasladar al usuario.

Hay un compromiso de ir mejorando la prestación atendiendo a las demandas crecientes de los usuarios. Por ahora sirve el ajuste como pretexto para demorar lo que la gestión del sistema no ha logrado resolver.

Salta, 28 de diciembre de 2018

Te puede interesar

Boletín de noticias

Te puede interesar