Migajas

Opinion 27 de diciembre de 2018
En más de dos décadas no ha logrado superarse y ni siquiera ordenarse el problema de los vendedores callejeros, la cara visible de la alta informalidad de la economía salteña y de la ilegalidad de algunas prácticas por la falta de control. Tampoco el gobierno municipal actual impuso, en sus tres años de gestión, alguna línea de acción y en un marco de profunda crisis económicosocial, emergieron los ribetes políticos que tiene la cuestión.
manteros

Salta figura a la cabeza de la informalidad de su mercado laboral. Dentro de ella se ubica, por su fuerte incidencia, a los trabajadores llamados independientes aun cuando buena parte de ellos intentaron alcanzar formalidad a través del monotributo.  Estos independientes, en algunos casos, dan trabajo a otros que expresan mayor vulnerabilidad agudizando las aristas más preocupantes de esta problemática.

La cuestión tiene características similares en los principales centros urbanos de la Provincia pero alcanza su pico en la Capital donde operan, se estima, alrededor de un millar de estos trabajadores informales que suelen copar el micro y macrocentro. En estas jornadas, que para el comercio en general es una temporada de alta actividad, son los protagonistas de situaciones para las que los gobiernos –provincial y municipal-no tienen respuestas adecuadas que no sean las restrictivas, con la represión consecuente.

La gestión de Gustavo Sáenz, que heredó el desborde incluso promovido por su antecesor -que llegó a entregar parte del Parque San Martín como solución ilusoria al problema- apenas logró un acuerdo que siempre falló al momento de requerir mayor operatividad. Esta vez no fue diferente y la franja horaria autorizada para la comercialización por parte de los manteros fue superada por la desobediencia de un nutrido grupo que llegó al extremo de copar una cuadra de intenso tránsito de consumidores.

No sólo extendieron el tiempo autorizado sino el espacio físico, generando un verdadero caos en vísperas de la Navidad. Los agentes de control debieron abstenerse de actuar ante la superioridad numérica de los ilegales y por la ausencia de personal de seguridad de la Provincia. Las víctimas del desborde fueron los comerciantes legales pero también la convivencia social de la ciudad.

Pero los propios manteros expusieron sus reclamos frente a una competencia más ilegal que su propia tarea. Reconocieron entre los vendedores callejeros presencias extrañas que la Policía luego identificó como manteros de provincias vecinas. Ante un nuevo riesgo se acordó entre los dos niveles de responsabilidad gubernamental levantar las autorizaciones precarias y aplicar las prohibiciones correspondientes, que emergen del uso del espacio público.

El panorama que se visualiza es la legítima decisión del Estado de imponer normas regulatorias que contemplen los derechos e intereses de todos y también el legítimo reclamo de una amplia franja de la población que trata de sobrevivir a la falta de oportunidades consecuente con políticas erróneas.

“Estamos subsistiendo”, dijeron voceros de los manteros quienes no asumen que perjudican al comercio legal.  “Vendemos sus migajas”, dijeron también. Son la parte delgada del hilo y todos la cortan.

Salta, 27 de diciembre de 2018

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