Fijan en la provincia los criterios para la aplicación del aborto no punible

Salud 13 de julio de 2018
Se aprobaron los criterios generales y comunes a la aplicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Están contenidos en la Resolución 1.062 del Ministerio de Salud Pública, que se publica hoy en el Boletín Oficial.
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Se determina que los equipos de salud son los primeros responsables de la provisión de la interrupción legal embarazo, también conocida y considerada bajo el concepto de aborto no punible. Dichos equipos están obligados a prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate de los subsistemas: publico, de obras sociales o privado.

Entre otros puntos, la resolución señala que la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud, a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales ni religiosas. Son principios rectores de la intervención la autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad y transparencia activa.

Se deberá considerar, a los fines de respetar los principios generales para la atención de niñas, niños y adolescentes, que la salud es un derecho humano que corresponde a toda persona, cualquiera sea su edad.

Reconoce como circunstancias y causales de la interrupción legal del embarazo el riesgo de vida, el riesgo o peligro para la salud en su concepto integral y que el embarazo haya sido producto de una violación.

Contempla que todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, con respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. Establece que la objeción de conciencia es individual nunca institucional, por lo que todos los efectores de salud, deben garantizar su abordaje y realización en los casos con derecho a acceder a ella.

Asimismo, la resolución del Ministerio de Salud indica que las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos sancionables administrativa, civil y penalmente.

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