Disciplina

Opinion 13 de junio de 2018
Un debate revelador se realizó anoche en la Cámara de Diputados, con motivo de la media sanción a la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Parte del oficialismo no está convencido que debiera ser una ley nacional la que ordene las cuentas públicas provinciales. La oposición, en tanto, tiene serias sospechas sobre su manejo.
Legislatura Salta-640

El proyecto de ley de adhesión fue remitida por el Ejecutivo hace tres semanas y no hubo señales que vaya a ser tratado, como ocurriera con una iniciativa similar que desde el inicio del período ordinario planteara desde la oposición el diputado Guillermo Martinelli, del bloque Un Cambio para Salta. Tuvo que mediar una visita del Ministro de Economía para apurar un trámite que a la bancada justicialista parecía no convencer.

Algunos de sus voceros volvieron a agitar el fantasma de la extorsión para justificar un voto vergonzante. La posibilidad que los municipios se queden sin el aporte del Fondo de la Soja, destinado al financiamiento de obra pública, fue expuesta en la fundamentación del voto de la bancada mayoritaria.

En realidad, la ley 27428 –sancionada el 21 de diciembre de 2017- establece un conjunto de sanciones para penalizar el incumplimiento de sus disposiciones. Entre otras, hacer públicas por Internet tales faltas, la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional y de sus transferencias presupuestarias a las Provincias, que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática. Esta norma sancionada por el Congreso no parece una extorsión sino la consecuencia lógica que deberán pagar quienes se marginen de sus obligaciones.

El debate, fundamentalmente, sirvió para una referencia a la situación fiscal provincial que en diciembre pasado, al momento de aprobar el Pacto Fiscal, mostraba una preocupante situación deficitaria. En menos de seis meses, según el oficialismo se encaminó por la buena senda, con la ayuda del fracaso de la política económica nacional. Es lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, señalando que la situación fiscal de una provincia mejora cuando no hay aumentos salariales, hay inflación y un dólar caro.

La exposición de este diputado, encumbrado dirigente del justicialismo, puso la nota en algunas dificultades internas del sector gobernante. El déficit se habría reducido a la mitad pero no solamente por las medidas de ajuste en marcha sino porque precisamente la Cámara de Diputados aprobó leyes que permitieron que actualmente los gastos se financien con recursos propios, sin recurrir al endeudamiento. Y ese reconocimiento no ha llegado, según quedó expresado en la última sesión.

Otra arista de la disidencia fue expuesta por el diputado justicialista de Cafayate, quien cuestionó la actitud de subordinación al gobierno central. La adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal, a su juicio, es el último capítulo de una saga que se inició cuando se aprobó el Pacto Fiscal que erigió al gobierno nacional en un verdadero fondo monetario para el control de las cuentas provinciales.

El cariz que tomó el debate, durante el cual se denunció el uso irregular del Fondo de la Soja y la falta de información respecto de la utilización del Fondo del Bicentenario, financiado con un empréstito colocado en el exterior, no impidió que la adhesión se sancione y pase al Senado, donde hay un mayor disciplinamiento del oficialismo. Lo cierto es que está doblegada cualquier resistencia al alineamiento de la provincia a las políticas nacionales.

Salta, 13 de junio de 2018

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