Tarifas

Opinion 17 de abril de 2018
Las tarifas de los servicios públicos no abandonan el centro de la escena nacional y provincial. Los parlamentarios decidieron entrar a jugar en su regulación, desde la oposición en defensa de los usuarios y desde el oficialismo, ante la incapacidad de controlar la inflación.
tarifas

Salta tiene su propio problema porque suma al impacto de los ajustes tarifarios la imposibilidad de mejorar la prestación de servicios esenciales, como el de agua y de energía eléctrica. Desde la apertura del período ordinario de sesiones, en ambas cámaras se reflejó la preocupación que genera tal situación y lejos de morigerarse, se está convirtiendo en irritación.

Los recursos desplegados por los legisladores hasta el momento no han mostrado efectividad, más allá de dar contención a la impotencia que amplias franjas de usuarios, especialmente la de pequeños y medianos empresarios. El amparo presentado contra Aguas del Norte por diputados de San Martín ha sido acogido pero la jueza de primera instancia en lo Civil de Personas y Familia 2 de Tartagal, Carmen Juliá rechazó la medida cautelar solicitada, con la que se pretendía compensar la tolerancia por la falta de servicios con la suspensión del pago de facturas.

En toda la Provincia se observa con atención si la judicialización de medidas índole económica pueden conducir a acotar el impacto social de estas disposiciones. En el caso del último incremento de las tarifas de agua y saneamiento, por ejemplo, la última solicitud de Revisión Extraordinaria de Tarifas se originó en la modificación de las variables de ingresos previstas para el 2.018, ya que casi al cierre de 2017 la nueva conducción económica provincial dispuso eliminar  el subsidio a la tarifa, privando a la Prestadora para este año de la disponibilidad de 200 millones de pesos.

En marzo último, se aprobó un aumento del 15% para compensar esa pérdida pero casi simultáneamente se dispuso aplicar ajustes de casi 4%  por los mayores costos por inflación acaecidos en el cuarto trimestre del 2017 y de más del 6%, por aplicación diferida y escalonada de los incrementos tarifarios por mayores costos también del año anterior. En total casi el 25% desde el mes pasado, cuando en el último bimestre de 2017 y en el primero de este año se impuso un ajuste de casi 20% en tramos.

Esa variación en la tarifa de un servicio provincial alcanza a casi el 40% en un semestre. A ese porcentual,  referentes de asociaciones de consumidores lo consideran anticonstitucional aunque esa calificación estaba referida al precio del gas domiciliario, cuyo manejo es de orden nacional.

Es cierto que sin empresas sólidas no puede haber prestaciones adecuadas. También es cierto que durante la pasada década se promovió un cuasi congelamiento de tarifas, que se financiaba con subsidios. Otro dato indiscutible es que las inversiones también se paralizaron y se redujeron a las imprescindibles para mantener niveles mínimos de prestación.  Son las situaciones que deben corregirse pero distribuyendo armónicamente el peso de la tarea.

Salta, 17 de abril de 2018

Te puede interesar