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title: "Turistas francesas: dos expolicías irán a juicio por presunta falsificación de pruebas"
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description: "Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano están acusados de incorporar información falsa en documentos de un allanamiento realizado en 2011."
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date_published: "2026-11-13T14:51:00-03:00"
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author_name: "Mariana Frías"
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category_description: "Noticias judiciales de la ciudad de Salta"
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# Turistas francesas: dos expolicías irán a juicio por presunta falsificación de pruebas

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La causa contra dos exintegrantes de la Brigada de Investigaciones 1 de Salta fue elevada a juicio por presuntas irregularidades en un allanamiento realizado en agosto de 2011, en el marco de las investigaciones vinculadas al doble homicidio de las turistas francesas en la Quebrada de San Lorenzo. Los acusados son Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano, señalados por haber incorporado datos falsos en documentos oficiales sobre el supuesto hallazgo de un arma.

La Unidad Fiscal, integrada por María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín, fue notificada de la elevación a juicio. Mamaní está acusado como presunto autor de dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, mientras que Solano deberá responder como presunto coautor de ese delito.

El procedimiento investigado se realizó el 4 de agosto de 2011 en la vivienda de Raúl Alfredo Sarmiento, en San Lorenzo. El allanamiento había sido solicitado por Mamaní a partir de una investigación por el supuesto robo de elementos de una finca que, según su hipótesis, habrían sido ocultados en ese domicilio.

Aunque la búsqueda de los objetos denunciados como robados dio resultado negativo, en el acta policial se dejó constancia del hallazgo de un revólver calibre .22 enterrado en el jardín, junto con cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin disparar.

Mamaní vinculó esa arma con el doble homicidio de las ciudadanas francesas al señalar una posible compatibilidad con dos proyectiles que él mismo había encontrado en la Quebrada de San Lorenzo. A partir de esa incorporación a la investigación, Sarmiento terminó sometido a proceso por el crimen.

Sin embargo, las circunstancias de ambos hallazgos fueron cuestionadas durante la investigación. En un informe presentado el 12 de agosto de 2011, el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo advirtió que el sector donde aparecieron los proyectiles ya había sido revisado exhaustivamente, incluso con un detector de metales.

Esa situación llevó a Piccolo a plantear ante el juez de Instrucción la posibilidad de que los elementos hubieran sido colocados posteriormente para alterar el rumbo de la investigación.

A esas sospechas se sumaron las declaraciones de Sarmiento, quien negó que el revólver le perteneciera y aseguró haber presenciado una maniobra irregular durante el allanamiento. Según su testimonio, vio a un policía cavar un pequeño pozo junto a una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo.

Tanto Sarmiento como los testigos civiles del procedimiento señalaron que ni el arma ni la tela presentaban rastros de tierra que indicaran que hubieran estado enterradas.

La pericia balística también aportó elementos relevantes para la acusación. El estudio descartó que el arma secuestrada en la vivienda de Sarmiento correspondiera al proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas. Solo estableció compatibilidad con los proyectiles encontrados por Mamaní en la Quebrada de San Lorenzo, después de que el lugar había sido rastrillado sin resultados.

Según la Fiscalía, Mamaní tuvo una intervención central en los hechos investigados: elaboró el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos supuestamente robados, impulsó el allanamiento, dirigió el procedimiento y firmó el acta donde quedó registrado el hallazgo del arma.

Además, se le atribuye haber confeccionado y firmado un informe posterior que volvió a describir ese supuesto hallazgo, motivo por el cual enfrenta una acusación por dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público.

En el caso de Solano, quien se desempeñaba como jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones 1, la acusación sostiene que supervisó el allanamiento y validó con su firma y sello el acta que contenía la información presuntamente falsa.

Para los fiscales, la incorporación de esos datos a documentos públicos provocó un grave perjuicio a Sarmiento, al vincularlo con un arma que fue utilizada como elemento de investigación en el doble homicidio. La acusación se sustenta en testimonios, documentación policial, fotografías, un croquis del lugar y los resultados de las pericias balísticas.

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