Seguridad democrática

Esta afirmación es ratificada en nuestro medio por estudios de campo. En la ciudad de Salta, la percepción psicosocial de la violencia en sectores vulnerables ha sido estudiada en un trabajo de investigación dirigido por el Licenciado Mario Verde, de la Universidad Católica de Salta. En sus resultados, el equipo de investigación “tomó nota de un problema mayúsculo que afecta a más de la mitad de los habitantes de esta ciudad: la violencia en sus múltiples manifestaciones y el padecimiento grave en los salteños más vulnerables”[1].

 Se trata de un estudio de tipo cualitativo, cuya fuente de datos fueron entrevistas en profundidad a vecinos de barrios populares[2], por una parte, y a funcionarios y especialistas, por la otra. El trabajo es muy rico y difícil de  sintetizar en esta columna, pero hay algunas conclusiones interesantes: 1.- La distancia social en la perspectiva de análisis de Funcionarios y Especialistas en relación a la realidad territorial concreta. 2.- Policía y Justicia aparecen como las instituciones más descreídas. Ello en tanto en los barrios populares, la preocupación principal es la Violencia, tanto la de mafias vinculadas a drogas, como la violencia autoinfligida (suicidios inducidos de adolescentes en redes sociales), y finalmente, la Violencia Policial. Las madres desesperan por “la absorción de sus hijos a manos del crimen organizado, explícito en los barrios con obscenidad, pero con indiferencia oficial”[3].

La gravedad de lo expuesto por vecinos de los barrios populares obliga a reflexionar sobre las reformas necesarias al sector seguridad, desde una perspectiva  holística, esto es, necesita abarcar los distintos componentes de manera integral. Expertos en seguridad aconsejan que se incluya a la Policía, Servicio Penitenciario, Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial, y que las reformas se realicen con activa participación del Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil[4]. 

Una de las cuestiones que impacta es, sin dudas,  el legado de la dictadura que se evidencia en un estilo policial muchas veces violento, donde las fuerzas de seguridad estatales son tanto parte del problema como de la solución a la violencia endémica. La violación directa a los derechos humanos, las torturas, continúan siendo hechos comunes[5].

A cuarenta años de la recuperación democrática, cuando se denuncia la comisión de hechos de tortura por parte de fuerzas de seguridad, por ejemplo golpizas brutales, submarino, descargas eléctricas, submarino seco, y otras formas de graves torturas, se está demostrando que algo está fallando en la formación de las fuerzas, que alguien está enseñando prácticas prohibidas que constituyen graves delitos. La revisión de la instrucción policial, de sus protocolos de actuación, de sus procesos de rendición de cuentas, es urgente.

También resulta inaceptable la tolerancia de ciertos jueces penales con los comportamientos delictivos de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Pareciera existir una especie de justificación en una idea errónea de que los mal llamados “apremios ilegales”, que son torturas, sería algo que sucede en todos los países. Nada más falso. El mundo desarrollado ha desterrado todo tipo de prácticas violatorias de derechos humanos. El Estado no puede ni debe pesquisar el delito cometiendo otros delitos.

El ejemplo emblemático es Estados Unidos, considerado faro de la democracia, que para realizar interrogatorios utilizando estas prácticas ilegales en su “guerra contra el terrorismo”, con posterioridad al ataque a las Torres Gemelas, abrió una cárcel militar fuera de su territorio, en la isla de Cuba, la conocida y abominable Cárcel de Guantánamo. Se eligió este sitio extraterritorial para que los hechos que se cometan en él no sean alcanzados por protecciones del derecho doméstico o la Convención de Ginebra[6]. Jamás un juez americano consentiría este tipo de prácticas.

Amnistía Internacional ha denunciado que Guantánamo “se ha convertido en símbolo de la injusticia, del racismo, de la islamofobia, de graves violaciones a los derechos humanos que incluyen la tortura…”[7]. Se reclama el cierre de la prisión y rendición de cuentas por los abusos cometidos[8]. 

Es por ello que resulta repudiable que existan  jueces en Salta  tolerantes con  este tipo de castigos inhumanos y degradantes, esa complacencia configura “mala conducta” e “incumplimiento de deberes”,  que son causales de destitución. Sin dudas la Justicia Criminal debe ser parte de las reformas del Sector Seguridad. Para que las reformas sean efectivas y perduren en el tiempo, el compromiso de actores de la sociedad civil, incluidos los periodistas, es esencial.  

Quiero destacar que el Gobierno provincial finalmente ha integrado y puesto en funciones al “Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”, pero aun le debe un presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. En la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad ha creado el “Observatorio de Justicia”, organismo incipiente, que comenzó funcionando como un espacio de diálogo fecundo entre gobierno e instituciones de la sociedad civil, con el fin de generar consensos democráticos para implementar reformas que mejoren el sistema  de Justicia y Seguridad. 

Para que las  instituciones dejen de ser percibidas como una amenaza a la seguridad de los individuos, como lo señala el estudio de la percepción psicosocial de la violencia que señalé, es necesario que las instituciones que conforman el Sector Seguridad sean transparentes y responsables frente a la comunidad a la que sirven, y que operen bajo un control civil democrático garantizando el pleno respeto de los derechos humanos.

Hasta la próxima

 
[1] Informe Final de Investigación: “Percepción Psicosocial de la Violencia en Sectores Vulnerables de la Ciudad de Salta”. Dirigido por Lic. Mario A.H. Verde.  Universidad Católica de Salta – Facultad de Artes y Ciencias, Febrero 2021.
[2] Se realizaron entrevistas en barrios identificados como pertenecientes al sector DE del INSE, Indice de Nivel Socioeconómico que publica la Asociación Argentina de Marketing (AAM), que sigue el modelo ABC1, C2C3 y DE para tipificar las tres clases sociales del país. 
[3] Estudio referido en nota precedente.
[4] Obra citada en nota 1.
[5] Ob. cit. en nota precedente.
[6] BBC.com BBC News Mundo, nota de Gerardo Lissardy, publicada el 14 de enero de 2022: “Guantánamo es como una tumba”.
[7] Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 
[8] El gobierno de George Bush habría autorizado el uso de “técnicas de interrogatorio reforzadas”, las cuales incluían: confinamiento estrecho, posiciones de estrés, privación del sueño, “submarino”, golpizas brutales, descargas eléctricas, hipotermia inducida, submarino seco, entre otras. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Hacia el cierre de Guantánamo”, disponible en oas.org