Riqueza

Opinion 24 de enero de 2023
La sequía y otras inclemencias climáticas siguen golpeando fuerte al campo, mientras los productores aguardan el 1 de febrero. Es el día elegido por el ministro de Economía de la Nación para anunciar las medidas de contención y reparación que están demandando las entidades rurales. En tanto se suman los reclamos.
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La producción de  la zona central del país estimó en unos 15 mil millones de dólares las pérdidas producidas hasta ahora por la afectación de la campaña agrícola. Esa cifra podría crecer a unos 20 mil millones, según los cálculos de las instituciones de otras zonas productoras. Por ejemplo, hoy se conoció que la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta estimó una caída en la producción "superior al 50%" este año como consecuencia de la sequía. La situación del sector es muy grave, especialmente la de los productores cañeros independientes, es lo que advirtió el grupo. De cajón, sumaron sus requerimientos de "medidas urgentes" a los gobiernos para poder paliar la crisis que golpea a la actividad en las últimas campañas y de la cual dependen miles de fuentes de trabajo.

Hace una semana, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en varias provincias y lo prorrogó en otras tantas en las que ya estaba establecido, pero se hizo necesario extenderlo. Son once las jurisdicciones que se encuentran en esta situación como producto de heladas, sequías, plagas o incendios. Salta está en el grupo de provincias que ingresó en emergencia por heladas, en una franja que llega hasta Santa Cruz. Por ahora, solo seis provincias tuvieron la declaración por sequía, entre ellas Jujuy.

Esta medida significa en la realidad que el desastre alcanza a la producción de cítricos, frutas, bovinos, porcinos y explotaciones apícolas. También las de hortalizas, maíz, poroto y soja. En el caso de Salta las explotaciones vitivinícolas de los Departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, son las que han quedado bajo el paraguas de la asistencia que contempla la postergación de vencimientos impositivos y financieros. 

La gestión de la dirigencia ruralista es objeto de cuestionamientos dentro del sector; es que se reconoce que los gobiernos han pedido credibilidad y ello arrastra a quienes se acercan a los funcionarios. El reciente encuentro entre la Mesa de Enlace y el ministro Sergio Massa se continuó en expresiones positivas por parte de sus protagonistas, mientras que hubo críticas en las bases. Carlos Segón, el presidente de la Sociedad Rural de Salta ensayó una interpretación desde su posición, ya que a los referentes rurales les toca vincularse y llevar las inquietudes al ámbito político, que es donde deben resolverse y a la vez, sostener la esperanza de que se lograrán soluciones reales para que se mantenga la actividad pese a las graves dificultades.

Debe destacarse que no se trata de una cuestión sectorial; al margen que –como a cualquier otra área de la vida nacional y provincial- a la producción agropecuaria le impactan las decisiones gubernamentales, sus problemas tienen un reflejo preocupante. Las góndolas de alimentos van a registrar en los precios la escasez de la producción; si se toma a la carne como ejemplo, se estima que de inmediato pueden aplicarse ajustes que no serán inferiores al 40%, que es el atraso que tienen sus valores frente a la inflación. Ese impacto dificultará la lucha contra lo que aparece como uno de los grandes problemas de la economía argentina. También se manifestará en la caída de la recaudación por menor consumo.

En un año electoral seguramente se desplegarán esfuerzos para satisfacer demandas populares. Si no tienen soporte en una distribución de riqueza, será el origen de mayores problemas.
Y a la riqueza hay que crearla.
Salta, 24 de enero de 2023

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