Protestas

Opinion 10 de junio de 2022
Por trabajo y por salarios, contra el hambre y la pobreza, nuevamente miles de personas se movilizaron este miércoles en todo el país.
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Para recuperar los salarios caídos y en contra del ajuste que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional, los piqueteros complicaron la actividad de cualquier lugar por donde marcharon en lo que, a esta altura, más que una demanda es una exhibición de fuerza política.

Salta no fue la excepción  y a la restricción de movilidad provocada por un incendio en la zona comercial del microcentro, agregaron movimientos que interrumpieron la cotidianeidad ciudadana que, al menos en esa área, es muy compleja. Por eso no sorprendió que esta vez, la movilización del jueves tuviera repercusión en el recinto de los Senadores.

Es cierto que, desde inicio del año, bajó significativamente la tolerancia frente a los cortes de las principales rutas de la producción. Se llegó así a denunciarlos por el alto costo que genera y la creciente dificultad que representan para el transporte.

Ahora fue el turno de la Capital, donde el bloqueo de las arterias esenciales se han incorporado al paisaje citadino. Sin embargo, pese a su frecuencia y a la comprensión en torno de lo que se exige en las protestas, no hay un acostumbramiento. Por el contrario, hay un rechazo creciente que se está registrando en los sondeos del ánimo social.

Consecuentemente no sorprendió que irrumpiera en el debate de la última sesión de la Cámara de Senadores. El representante de este departamento, Emiliano Durand, se expresó en rechazo y pidió a las organizaciones piqueteras que demanden por sus derechos sin vulnerar los de los demás. El legislador reconoció la legitimidad del ejercicio del derecho al reclamo, a manifestarse y a protestar, en tanto no se impida el derecho a transitar y comerciar que tienen los ciudadanos ajenos a la lucha que ellos encarnan.

Si bien sus expresiones fueron retóricas y no apuntaron a establecer una línea de acción, abrió el camino por donde se debe transitar para reestablecer una convivencia ciudadana respetuosa y madura.  Hay otras sociedades en las que la protesta convive con la rutina del trabajo, o el cumplimiento de obligaciones que cada cual tiene asumidas. Se limitan a espacios territoriales establecidos o se enfrentan a la consecuente represión. 

Tras una exitosa Marcha Federal realizada en mayo pasado, que partió desde distintos puntos del país para concentrarse en Buenos Aires, el propósito actual es realizar el 13 de junio próximo, en el Obelisco, el Plenario Nacional Piquetero para votar un plan de lucha contra el ajuste. Esa visión de la realdad nacional y de cada provincia no es compartida por el Gobierno central, aun cuando también entiende que las  medidas concretas para solucionar los problemas. A veces alcanzan y otras no.

El resultado de esa frazada corta se refleja en el informe que el último miércoles dieron a conocer dos instituciones allegadas a la Iglesia Católica. Se trata de Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que han determinado que seis de cada 10 argentinos son pobres. Frente a ese problema, la propuesta es que se requiere de urgencia acortar distancias.

Dejar hacer no es bueno y dejar de hacer, es mucho peor. Con esfuerzo, todos deben ocupar su lugar que en ningún caso es de uno sobre otros. Ordenar el caos de la protesta procede de inmediato para evitar los desbordes que se están tornando insoportables. 

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