Apetencias

Opinion 23 de mayo de 2022
Mendoza fue el escenario este sábado de una cumbre de dirigentes justicialistas. El sector se esfuerza por superar la interna del Frente de Todos y acercar posiciones entre los dos principales referentes: el Presidente de la Nación y su vice. Más allá de discursos y propósitos, emerge en esos movimientos el papel que comenzaron a jugar los gobernadores, especialmente los del norte del país.
pj peronismo

En su última sesión, la del 12 de mayo pasado, el Senado aprobó por unanimidad la creación de la Región Del Norte Grande, compuesta por 10 provincias, que quedaron habilitadas a firmar tratados entre sí o con otros países, además de reclamar beneficios fiscales y tarifarios. Un grupo de mandatarios había ido previamente al Congreso a reclamar por un paquete de leyes pendientes, la principal de las cuales era el aval parlamentario al acta que los gobernadores firmaron en Salta en la primera semana de abril. También demandaron la ratificación de tratados bilaterales de inversión pendientes, para poder firmar acuerdos y la federalización de los subsidios al transporte.

La tarea de esta parte del país puso de manifiesto un problema que afecta a todo el territorio, con excepción del área metropolitana central, beneficiada con aportes especiales para contener el precio del boleto de un servicio urbano e interurbano, que es la única opción para la movilización de amplias franjas de población. La decisión de corregir esta asimetría no llegó en el mejor momento para la administración nacional, apretada por la vigencia del acuerdo recientemente suscripto con el Fondo Monetario Internacional.

El cuadro es complejo. Las provincias han enfrentado un paro de 24 horas el martes pasado, que fue superado con un arreglo salarial con empresarios y el gremio de choferes, con la expectativa que el Congreso por ley disponga una redistribución de los subsidios que mayoritariamente quedan en Buenos Aires, en desmedro del resto del país.  

De parte del Ejecutivo había un compromiso de reforzar las partidas para el transporte público con 46 mil millones de pesos que estaban contenidos en el Presupuesto que no fue aprobado en el Congreso. Sin embargo, el área económica ha confirmado que no hay recursos para ese fin. Se ha informado que se está preparando el decreto que contenga el Presupuesto para que posteriormente la cartera a cargo de Martín Guzmán presente un proyecto de prórroga de la ley de solidaridad económica, planteando la suba de dos puntos de los derechos de exportación. 

De esa manera, el Congreso ha quedado en el centro de la escena. Nada indica que se pueda alcanzar fácilmente el consenso para ir resolviendo los puntos más ríspidos de la situación.  En ese orden cabe atender las advertencias de los representantes del interior. Emiliano Estrada, diputado del Frente de Todos por Salta, dijo que el Parlamento está ocupado por atender la problemática metropolitana, cuando el interior está soportando el peso de reclamos cuya atención es impostergable. Las provincias esperan que se aprueben los proyectos de reducciones de tarifas eléctricas y  de distribución equitativa de los subsidios correspondientes al Sistema Integrado de Transporte Terrestre.

Las negociaciones no se reducen al ámbito legislativo y la crisis está rompiendo el límite de los bloques. Quizás el ordenamiento de prioridades lo haga la realidad y no las apetencias de poder.

Salta, 23 de mayo de 2022

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