Hoy quiero compartir mi indignación. El gobernador ha impulsado una reforma constitucional para que, entre otros, se modifique la forma de designación y duración de mandatos de los Auditores Generales.
Opinión 03/12/2021 Sonia Margarita Escudero
La inclusión de este tema resultó del consenso generalizado de que la Auditoría General de la Provincia es un ente inoperante y complaciente con la corrupción.
Mientras los y las convencionales constituyentes debatimos apasionadamente cuáles son las reformas institucionales necesarias para que el Órgano de Control funcione, que audite la asignación y ejecución de los fondos públicos, todo ello para el bien de la sociedad, los diputados oficialistas, se mueven muy de prisa para que nada cambie.
Entre gallos y medianoche, y a pocos días de que se sancionen las reformas constitucionales, se ha procedido a proponer la designación de dos auditores, completando así la grilla de cinco miembros que prevé la Constitución. Ya durante el actual gobierno se renovó la designación de los auditores Esper y Ferraris, poco después el gobernador propuso, a través de sus diputados, al Contador Cancino y finalmente ayer jueves ingresó al Senado el pedido de renovación del mandato del auditor Segura Alzogaray y se propuso la designación de la funcionaria del gobierno provincial Elsa Pereyra Maidana, militante del Partido Renovador, uno de los partidos integrantes del Frente por el que fue electo el Gobernador. De acuerdo con lo manifestado por el diputado Hernández Berni, todas las propuestas son del oficialismo en tanto denuncia que la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados está integrada 100% por oficialistas[1], esto es, en clara violación a la disposición constitucional.
Existe consenso en que las renovaciones de mandato son negativas. Se presume que el funcionario intentará congraciarse con el poder del que depende la renovación en su cargo. En este caso, el controlador busca congraciarse con el controlado, del que depende la renovación de su cargo. Entre los cinco auditores habrían tres renovaciones.
Los mandatos duran cinco años, por lo tanto, de concretarse estas dos nuevas designaciones, la tan anunciada reforma constitucional en el tema auditoría, entraría a regir dentro de cinco años. No parece existir compromiso alguno con la calidad institucional de parte de quienes están impulsando estas designaciones.
No cabe la menor duda que la mayor falla en nuestro órgano de control es que el controlado designa al controlador. Y lo hace sin ningún tipo de selección objetiva, se designa por afinidad política a personas sin capacidades técnicas acreditadas.
En ninguna parte del mundo puede funcionar un control donde el controlador tiene un vínculo cercano con el controlado. Esto solamente favorece la corrupción. Desde hace tiempo vengo sosteniendo que ha sido un error politizar el órgano de control. Desde el oficialismo se anunció que la Auditoría, en virtud de la reforma constitucional en curso, estaría en manos de la oposición política al gobierno.
Tampoco coincido con esa posición. Los auditores no deben pertenecer o identificarse ni con el oficialismo ni con la oposición. El control debe ser objetivo, profesionalizado y debe actuar en tiempo oportuno. Esa fue la posición más o menos unánime recogida de expertos e instituciones que concurrieron e hicieron importantes aportes en la Comisión de Órgano de Control.
La doctrina[2] enseña que las tareas de control deben estar a cargo de instituciones independientes, cuyos elementos principales deben ser:
-sustracción a las presiones políticas
-independencia frente al Ejecutivo
-cualidad de imparcialidad
El sistema que nos rige, donde los auditores son propuestos por una Comisión de la Cámara de Diputados con mayoría oficialista y participación de partidos cuya posición de adhesión u oposición es siempre fronteriza, no cumple con ninguno de los elementos señalados para las instituciones de control.
La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la más moderna de América Latina, señala que la elección de los controladores requiere de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, requiriéndose además del título profesional, el contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública.
En Salta no se busca la imparcialidad, la independencia, ni siquiera la capacidad técnica. Estamos a días de que se concrete una reforma constitucional que modifique esta situación. Es por eso que la apresurada designación para completar la grilla de auditores por cinco años, convertiría en totalmente ineficaz cualquier reforma en el Órgano de Control.
No hay que perder esta oportunidad de hacer cambios institucionales para que los controles funcionen. Cuando la asignación y ejecución de los fondos públicos se realiza con transparencia, la gran beneficiada es la ciudadanía.
[1] Ariesonline: La postulación de Elsa Pereyra y Segura Alzogaray, la hizo Gustavo Sáenz. 2 Diciembre de 2021.
[2] Pierre Rosanvallon (2009): La Legitimidad Democrática: Imparcialidad, reflexividad, proximidad, Ed. Manantial, Buenos Aires
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