Los gobiernos nacional y provincial cierran la semana hábil con situaciones complicadas respecto de sus objetivos de gestión.
Preocupación
Desde este viernes, solo tres días hábiles quedan para evitar que caiga el régimen de promoción de biocombustibles.
Opinión 07/05/2021En un país sin políticas de mediano y largo plazo, ocupado prioritariamente en atender urgencias, esta situación fue atendida oportunamente. Pero no fue resuelta y el mensaje desde el gobierno ya no convence, porque intervino activamente en crear la incertidumbre que preocupa a buena parte del país que los produce.
Quien se apuró a llegar con un anuncio reparador es el secretario de Energía de la Nación, quien confirmó una prórroga por 60 días mientras el Congreso trabaja sobre una nueva ley. Cabe recordar que a pesar de la pandemia, durante todo el 2020 se trabajó en distintas mesas en tomar una decisión que mantenga o mejore el apoyo al sector productor en la convicción que no hay forma en el corto y mediano plazo de introducir biocombustible y otras energías renovables sin la mano del Estado. Es así que el 30 de octubre último el Senado dio media sanción por unanimidad a la prórroga de la ley 26.093 y se dispuso su continuidad hasta el 31 de diciembre de 2024. Más de 150 días después, el Ejecutivo -que llevó la voz cantante en el proceso de ralentización en la definición de la situación- ahora se ve urgido a una intervención de emergencia.
En Tucumán, el secretario Darío Martínez, informó que se trabaja en un decreto de prórroga y aunque reivindica el papel que le corresponde jugar al Poder Legislativo no disimula su participación en el diseño del nuevo régimen. Es sabido que se acorta el plazo de la transición energética, como medida de protección ambiental pero el gobierno del Frente de Todos se ve acuciado por cuestiones de orden fiscal.
En 15 años, el esquema de promoción impositiva todavía vigente para los agrocombustibles tuvo un costo de unos seis mil millones de dólares por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de 1.400 millones de esa moneda por aceite de soja y de maíz que dejó de exportarse -y por consiguiente, de pagar retenciones- para ser volcado al mercado interno. Se supo que la Casa Rosada, frente a la unanimidad política expresada en el Senado, reconoció que los biocombustibles se transformaron en un gran problema para las cuentas fiscales.
La salida, en principio, resultó en un nuevo proyecto de ley que se giró al Congreso para rearmar el escenario. El Ministro de la Producción se hizo cargo de la iniciativa que prevé que el 100 % del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles sea abastecido por pequeñas y medianas empresas productoras dejando fuera a grandes empresas, que han realizado inversiones millonarias y que generan miles de puestos de trabajo. También dispone la reducción a casi a la mitad el actual corte de las naftas, y que sea como mínimo del 5 % para el biodiesel -que hoy es del 10 %- y del 7 % para el bioetanol, hoy del 12 %.
Durante su vigencia, la ley propuesta por Néstor Kirchner, permitió que se instalen unas 54 plantas productoras en 10 provincias, lo que representa una inversión genuina de más de mil millones de dólares y la generación de más de 65 mil puestos de trabajo. En febrero, fue el propio presidente Fernández el que dijo que el Norte no debiera preocuparse por lo que va a pasar con los biocombustibles, reconociendo que hubo una inversión muy grande, que debe preservarse.
Ni la poderosa Seabord Energías Renovables, la ex Tabacal, está tranquila por estas horas. Entonces, Salta tampoco.
Salta, 07 de mayo de 2021
Horas antes de que cayera la viga vertebral del proyecto político del gobierno nacional, los ministros del gabinete salteño repasaron la situación provincial, proyectaron el impacto negativo de la retracción de recursos y empezaron a fijar prioridades en un marco poco alentador.
En esta segunda quincena de enero se cuadruplicó en Salta la demanda de vacunas contra el COVID.
El avance del año obliga a intensificar la adopción de medidas para adecuarse a una situación que va complicándose progresivamente. Municipios, provincias y la Nación acomodan sus cargas, advirtiendo que la resolución de los problemas depende de cada jurisdicción en mayor medida.
La actividad en el Congreso es el eje vertebral de la política en la apertura del nuevo año. Los frentes de tormenta que deberá enfrentar en enero el Ejecutivo nacional se vinculan directamente con las negociaciones y decisiones que se adopten en el Poder Legislativo.
Los gobiernos de provincias productoras de hidrocarburos definieron la posición del sector, poniéndose al frente de la negociación política respecto al manejo que puede rozar el dominio sobre esos recursos.
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