Razones

Opinion 24 de febrero de 2021
En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados dará sanción definitiva al proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial. Como está planteada en un proyecto girado por el Ejecutivo en abril de 2020 recoge muchas reticencias pero no las suficientes como para frenar un proceso que se echó a rodar y pone a prueba la fortaleza del liderazgo del gobernador Gustavo Sáenz.
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Entre la remisión de la iniciativa y su aprobación ha corrido mucha agua bajo el puente y su vigencia solo se explica en lo que el propio mandatario ha ratificado el martes, al insistir en que es un compromiso electoral. Se han esgrimido otras razones para justificar la oportunidad y el mérito de la propuesta como, por ejemplo, que es una demanda social. 

Por otro lado, cuando la población discute cuestiones ajenas, se recuerda que la reforma constitucional fue tema de debates en otras ocasiones. Es probable que así haya sucedido pero si se repasan las circunstancias, ocurrieron en tiempos electorales o en vinculación a algún proceso de esa naturaleza. El dato es que los debates no comprometieron la discusión popular sino la de especialistas, que salieron a confrontar con las posiciones sostenidas por la dirigencia que trataba de ponerle enjundia a sus campañas.

Tomar nota de la crítica permanente del ciudadano respecto de quienes actúan o –al menos- hablan en nombre de la política y convertirla en una demanda de renovación de cuadros dirigenciales para fundamentar el propósito de la reforma propuesta en esta oportunidad, es mezquino. Y es mal intencionado señalar que es una movida con el único propósito de lograr la inamovilidad de los jueces de la Corte, entendiéndose como tal la perpetuación en los cargos de quienes la integran o son designados al efecto.

Pocos dudan que el fracaso de esta democracia –con la que no se educa ni se come ni se cura- se asigna a los gobernantes, aunque hayan cruzado el Jordán de una elección que apenas tiene un poco más de un año. Nada asegura sin embargo que, puestos a renovar mandatos, parte de ellos terminaría con éxito su propósito de seguir ocupando una banca legislativa, como las que se juegan este año.

Acortar mandatos, como es el propósito de la reforma que se debate legislativamente, no merece mayor discusión por parte del ciudadano común; sí puede generar resistencia en quienes se apropian de esas funciones como legisladores o jefes comunales que van camino a cumplir cuarto de siglo en un cargo que se somete a la opinión popular. En sentido contrario, levantar el cepo de seis años que tienen los mandatos de los miembros del máximo tribunal de Justicia, ya merece consideraciones más especializadas. Pocos pueden discutir si la independencia de los jueces se vincula al mecanismo de su designación o al cumplimiento del mandato constitucional de prestar un acabado servicio de Justicia, sin condicionamiento alguno que no sea los que marca la propia Carta Magna.

De allí que bajarle el precio a esta reforma, considerándola un atajo para que el gobernador Sáenz se asegure impunidad más allá de su propio mandato, es reduccionista frente a un análisis más exigente. Y si, como indicara la diputada oficialista Amelia Acosta, se manifestó en contra de la perpetuidad de esos jueces habrá que buscar otras razones para explicar la urgencia y la superficialidad de un debate que debiera ser más profundo y significativo.

De todas maneras, que no se le preste atención no quita que vaya a suceder. Y eso es lo lamentable. 

Salta, 24 de febrero de 2021

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