Paro de camiones: el gobierno santafesino ordenó el desalojo de las rutas

 El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe emitió una resolución garantizando la libre circulación dentro de este territorio. La decisión la canalizó el gobierno provincial, mediante una nota a la Jefa de la Policia de Santa Fe, Emilce Chimenti.

El texto señala: "Atento a los delitos flagrantes producidos por un conjunto reducido de personas se empeña en obstaculizar al tránsito en distintos puntos de rutas y caminos de la provincia de Santa Fe, y que la situación protagonizada por actores dispersos y fragmentados responde a especulaciones y cálculos de que no tienen relación con reclamos provinciales, que estos actores carecen de estatus jurídico y a todo fin práctico y legal no constituyen representación de actores sociales distintos que ellos mismos, que las disrupciones promovidas por este puñado de individuos constituyen riesgos a la seguridad vial, el bienestar y la vida de las personas, que estas circunstancias incurren en delitos tipificados en los artículos 142 bis inc. 6to, 145 ter incs. 1, 4 y 5 (delitos contra la libertad de las personas); 194, 195, 196 (Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación) 230, 231, 232, 233 (sedición), 277 (encubrimiento) del Código Penal.

"Que es función de este Ministerio de Seguridad, precisamente, aportar a la prevención de estos riesgos y violencias, así como garantizar al personal policial encargado de hacer cumplir la ley que no será sancionado por su actuación legítima para hacer cesar estos delitos flagrantes. Y que este Ministerio de Seguridad ha emitido una resolución que ordena el encuadre técnico del uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza para que la policía pueda cumplir con las funciones que le son propias para resguardo del orden legal", continúa la resolución. 

"En vista de los expuesto y de que se trata de delitos flagrantes, el Sr Ministro de Seguridad (Marcelo Saín) ordena a la Policía de la Provincia que intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia, por las cuales individuos sin representación ejercen la coerción sobre personas, transportes y bienes. que el uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza, se inicia con la presencia de la autoridad policial impartiendo instrucciones para restablecer el orden en el tránsito y no recibiendo indicaciones de aquellos que están en falta"

"Que cada intervención policial para hacer cesar delitos flagrantes deberá ser comunicada a autoridad judicial competente. Dicha comunicación deberá ser acompañada por fotografías, videos, identificación de sujetos y todo elemento que resulte relevante para constatar la flagrancia del delito", finaliza el escrito.

En el día de ayer, a través de un comunicado, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación por los problemas que genera en toda la cadena de producción y comercialización de granos, insumos agropecuarios y productos alimenticios, la protesta de los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que se inició el viernes pasado, y que complica el tránsito en varias provincias.

"Estas medidas de fuerza generan daños económicos que afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y ponen en riesgo el abastecimiento para consumo interno y procesamiento, así como el ingreso de miles de camiones que no pueden acceder a los puertos de exportación", señaló el texto firmado por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.

En otro documento, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) mostró también su inquietud e instó a "recuperar la paz social". En este sentido, manifestó que las medidas de fuerza están afectando seriamente el comercio de graneles agropecuarios, abastecimiento interno y el cumplimiento de contratos con el exterior, donde se pone en riesgo el abastecimiento y producción de otras cadenas productivas como la de la construcción y las autopartes.

"El sector no puede tolerar más medidas de fuerza, los requerimientos deben hacerse por los canales institucionales y legales, no por vías de hecho que afectan a toda la sociedad", expresó.

La Nación