La fiscalía federal investigará a los empleados públicos de Salta que cobraban el Potenciar Trabajo
Judiciales 05/01/2024Esta semana se conoció que más de 200 empleados de la provincia fueron dados de baja del plan nacional.
Después de 14 años esquivando presentarse a declarar por las ocho causas penales que pesan en contra del senador nacional y exgobernador, deberá ingresar a los tribunales pero por una denuncia contra el periodista Mario Ernesto Peña.
Judiciales 05/11/2020Esta mañana, el director de Aries contó que el entorno de Juan Carlos Romero le hizo saber que el senador nacional y exgoberandor de la Provincia presentará una denuncia por injurias y le reclamará una indemnización por daño moral.
De esta manera, finalmente Romero ingresará a la Ciudad Judicial, tras 14 años de evitar declarar. Tanto así, que siete de las ocho causas penales que pesan en su contra están paralizadas porque, excusado en los fueros, se niega a presentarse a declarar.
Sobre Romero, pesaron al menos ocho causas penales. Siete de ellas, paralizadas por su negativa a prestar declaración indagatoria, y la octava, a la que le falta fecha de juicio.
Esa causa que no tiene fecha, sí tiene una larga investigación en la que se demostró que hay un “hilo conductor”: casos de corrupción por presuntas operaciones inmobiliarias fraudulentas a través del Estado provincial a favor del entramado de empresas del clan Romero, entre 1995 y 2007.
En La Ciénaga, por ejemplo, Salta adquirió un predio a 1.100.000 dólares y se lo vendió al hijo de Romero en 100.000 pesos. Esa causa acumuló siete cuerpos de instrucción penal, pericias contables y testimoniales.
Tiene 13 imputados: Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.
La extensa causa investigó la venta irregular de 90 hectáreas. La provincia las adquirió el 5 de junio de 1998 a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria.
La operación fue avalada por el exescribano de Gobierno, Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631, del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.
En 2004, con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. La gestión Romero decidió ese año transferir el predio mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004 a José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos. Es decir, una séptima parte de su valor de mercado. La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y cercana a Brizuela.
Apenas cuatro meses después de esa operación, Agustoni volvió a vender La Ciénaga. Fue el 4 de junio y la compradora fue María Cecilia Pérez de la Fuente. ¿Cuánto pagó? 100 mil pesos. En la operación volvió a participar la escribana Wayar, aunque en esta oportunidad como particular.
Pasaron cinco años sin que se registren movimientos en La Ciénaga, hasta el 19 de noviembre de 2009, cuando las 90 hectáreas sorpresivamente fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A, una de las empresas más importantes de la familia Romero. La dirige su hijo Juan Esteban y su domicilio es el mismo que Horizontes S.A., la editora de El Tribuno. Pagó apenas 100 mil pesos por las tierras y el escribano que avaló la escritura fue, otra vez, Brizuela.
La Ciénaga es un predio muy cercano a las 800 hectáreas que posee Gilberto Oviedo, exministro de Producción de Romero, y a quien señalan como testaferro de Romero. La ex Fiscal penal 2, María Inés Loyola, promovió acción penal; abrió una causa en el exjuzgado de instrucción formal 4, a cargo del juez Antonio Pastrana.
La fiscal dijo que “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa “Estancia El Carmen”, cuyo presidente era el hijo del exgobernador, Juan Esteban Romero”. Y tras un serio análisis contable, aseguró que Romero simuló “una cadena de adquirentes”, lo que permitiría “establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.
Sin embargo, la causa aún no tiene fecha de juicio, y las otras siete causas están paralizadas porque Romero no quiere pasear por los pasillos de Tribunales. Sin embargo, por la denuncia contra Mario Peña deberá ingresar a Ciudad Judicial y será una oportunidad para que los jueces le pidan un momento para desmembrar las escandalosas causas de corrupción.
Esta semana se conoció que más de 200 empleados de la provincia fueron dados de baja del plan nacional.
El hombre de 27 años se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación y desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido.
La Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción engloba a los investigadores de la ciudad más violenta del país. La decisión fue tomada por María Cecilia Vranicich, autoridad máxima del MPA santafesino.
Pablo Acotto fue detenido por la madrugada, confesando el crimen y apuntando a sus cómplices. Antes habían identificado el auto, un Renault Megane gris que había quedado registrado en las cámaras de seguridad.
Se hizo lugar a la apelación presentada por la Unidad Fiscal, que investiga las presuntas maniobras en las cuales se solicitaba dinero a cambio de conceder determinados beneficios o permitir la introducción de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes a individuos privados de su libertad.
El objetivo es garantizar la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas afectadas en su salud mental.
Del 4 al 6 de abril cobrarán los empleados públicos de la provincia.
Peligran 140 puestos de trabajo tras vencerse los contratos el próximo 31 de marzo. Desde la entidad llamaron al paro general de los trabajadores.
Por Aries, el titular de ADP, Fernando Mazzone, expresó la preocupación del sector por la falta de pago del incentivo docente y señaló que “quedaron muchas cosas al aire” para la negociación de abril.
Este miércoles, luego de la declaración del imputado principal, se finalizó con la ronda de testimoniales. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de abril, oportunidad en la que se producirán los alegatos de las partes.
Lo afirmó en Aries el secretario general de la provincia en donde 7 de cada 10 docentes votaron a Javier Milei y siguen justificando el ajuste.