Demanda

En ese marco se inscribe la intervención del Ministerio Público Fiscal, que está mediando en algunos conflictos, como una alternativa al desalojo compulsivo para terminar con un delito. En esta semana, de un encuentro virtual entre el procurador general, Abel Cornejo y la diputada nacional Lía Verónica Caliva, surgió una propuesta de conformar una Mesa de Concertación junto a los distintos poderes del Estado, que permita aportar y definir soluciones a problemáticas urgentes que tiene la Provincia, como la ocupación de tierras y el déficit habitacional, Según la información oficial, en esa reunión se intercambiaron información  sobre políticas públicas referidas a esas temáticas, además de la violencia institucional y de género, todas  cuestiones cuyos aspectos penales confluyen en el Ministerio Público Fiscal.

La ocupación ilegal de terrenos no solo refleja un problema social, que por supuesto los gobiernos reconocen, sino que hay un preocupante trasfondo político. Se puede verificar la intervención de protagonistas que resuelven sus propios intereses involucrándose con grupos que tienen una legítima demanda por la insatisfacción de necesidades básicas.  En los casos más mediatizados, como los que ocurren en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Jujuy, se ha denunciado la presencia de referentes de grupos políticos y hasta de funcionarios que van definiendo el carácter de un ilícito como parte de una lucha social justa. 

A mediados de este año, el gobernador Gustavo Sáenz, hizo el anuncio del Plan Mi Lote, que apunta a resolver el problema de acceso a un terreno con servicios a unas 12 mil familias en todo el territorio provincial. Fue casi una respuesta a la ocupación de tierras en el sur de la Capital, a partir de una movilización que mostró la vinculación de los ocupantes con un sector político, aunque ni ocupantes ni intermediarios reconocieron que pudiera tratarse de una acción con esa raíz. 

En tanto, en agosto se agudizó el problema en el departamento de Anta, lo que obligó a que a través de sus diputados se demandaran medidas urgentes. Es que la disponibilidad informada a través del programa oficial -de unas cinco hectáreas- está muy lejos de satisfacer representa la ocupación de un predio donde se asentaron ilegalmente más de 500 familias en una zona de Joaquín V. González. Según lo denunciado son más de 12 las hectáreas usurpadas.

En la Justicia provincial son múltiples las denuncias realizadas por privados afectados. Un solo caso, por ejemplo, involucra a 57 hectáreas del departamento Anta, destinadas a un desarrollo inmobiliario.

La cara más dura de esta problemática es que la mayor parte de los ocupantes son efectivamente familias que carecen de un techo pero que a la vez reconocen que no tienen ningún tipo de recurso para afrontar la satisfacción de esa necesidad.  En la manifestación de este jueves, se pidió impedir el desalojo y cesar con la criminalización de las familias asentadas. 

Solo la política tiene la solución para estas situaciones en las que resulta difícil alcanzar un punto medio, sin menguar el ejercicio de derechos.

Salta, 22 de octubre de 2020