Institucionalidad

Un extenso debate en la Cámara de Diputados suscitó un proyecto de ley que proponía la libre circulación en todo el territorio provincial de recuperados de Covid-19.

Opinión 21/10/2020

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Los legisladores que votaron positivamente impusieron una declaración dirigida al Poder Ejecutivo provincial, viendo con agrado que analice la posibilidad de exceptuar del cumplimiento de ciertas medidas de restricción dispuestas en el marco del aislamiento, a quienes ya cursaron la enfermedad.

Más allá de ese resultado, la discusión abordó la función del Comité Operativo de Emergencia –el COE- que en siete meses acumuló facultades y cuestionamientos. Cabe recordar que este órgano nació con el DNU 250, que en marzo declaró la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Hoy es Ley 8188, modificada en setiembre cuando se prorrogó la emergencia, se aprobó un régimen contravencional y se modificó la integración del COE.

Este Comité, que se inició presidido por quien era la Ministra de Salud, tiene la función de atender la problemática vinculada a la prevención, asistencia y control del estado de emergencia sanitaria. Quedó facultado a tomar todas las medidas conducentes a evitar la propagación del COVID-19, incluyendo el cierre temporario de establecimientos educativos, museos, teatros y de cualquier actividad vinculada al turismo. También de sus decisiones emanó la habilitación de sistemas de teletrabajo para empleados del sector privado. Otra de sus tareas relevantes se vincula a la comunicación de datos sobre la evolución de la propagación del virus y de las medidas que se adoptan. 

El período de aislamiento en todo el territorio fue rico en decisiones que afectaron la movilidad de las personas, las actividades económicas que no fuesen consideradas esenciales y alteraron la cotidianeidad de la población, corporizando el concepto de nueva normalidad que fue completándose con flexibilizaciones posteriores. Ese proceso mereció cuestionamientos severos por parte de organizaciones de Derechos Humanos y de especialistas en materia constitucional, entre otras. 

Un caso fue el del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que criticó el accionar del  Comité Operativo de Emergencia, que “sin tener la envergadura jurídica política suficiente, incide en aspectos vitales de la ciudadanía, tales como los relacionados con la libertad ambulatoria de todos y cada uno”, según señaló en un pronunciamiento público. A su juicio, las restricciones deben sujetarse al orden superior de los derechos fundamentales y emanar de autoridades con rango suficiente. Lo que el FOCIS demandó es que las restricciones más importantes provengan de una intervención de la Legislatura y que estén sometidas al control del Poder Judicial, nunca de un órgano burocrático como el COE.

Era junio y arreciaban en ese tiempo las denuncias por excesos policiales. De allí que el foro –que integran juristas y legisladores mandato cumplido, entre otros- exhortó a los gobernantes a “no caer en la tentación de utilizar la emergencia sanitaria como pretexto para desconocer derechos e iniciar un camino plagado de espacios autoritarios”.

En el debate del martes se rozó la cuestión de la delegación de facultades que la Legislatura ha realizado en el marco de la emergencia y si bien la oposición se abstuvo de votar la cuestión vinculada al libre tránsito de recuperados por reconocer que está en el campo de decisión del COE, algunas voces advirtieron que según las circunstancias, las cámaras pueden limitar ese espacio, reacomodando las cargas.

La institucionalidad debe preservarse siempre. Es lo que quedó del debate de un proyecto de declaración.

Salta, 21 de octubre de 2020

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