De oficio, el Fiscal Penal salteño inició un proceso de investigación para determinar en qué circunstancias murieron cuatro personas que, aparentemente, padecían coronavirus. Se determinará, entonces, si los servicios de Salud prestaron atención efectiva a estos pacientes.
Judiciales 11/09/2020
Por Aries, el fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio informó que, en las últimas horas, se abrió una investigación para determinar las circunstancias en la que fallecieron cuatro personas contagiadas de covid-19. Lo que impulsó la acción, detalló, es la gran cantidad de denuncias y presentaciones sobre la falta de atención de los servicios de Salud ante el requerimiento de estas personas.
“Algunos transitaban cuadros diagnosticados y otros habían solicitado atención sanitaria, justamente, ante la presencia de síntomas”, apuntó el funcionario judicial.
En tanto, Ossorio señaló que una persona que padezca un cuadro crítico de salud – sea cual sea el diagnóstico – y solicite atención, automáticamente debe recibirla; esto es lo que propició la investigación del Ministerio Público y, en función de ello, se dispuso acumular los testimonios para echar luz sobre cómo tuvieron lugar estos decesos.
En este sentido, el Fiscal Penal detalló que deberán analizar la documentación sobre la atención médica dispensada; luego, esta información será cotejada por especialistas médicos para explicar si el tratamiento fue el adecuado y si la atención fue la correcta.
“No hay que olvidar que estamos en una situación extraordinaria que afecta al mundo, queremos saber si hubo desatención o dilación y si eso fue producto de un contexto de fuerza mayor y, a la vez, saber si eso incidió en el fallecimiento de la persona”, precisó.
Asimismo, la tarea incluirá el contraste entre la documentación presentada y las declaraciones de familiares de fallecidos porque – advirtió – muchas veces los registros del sistema de Salud difiere de lo que las personas percibieron que pasó.
Por otro lado, Ossorio explicó que una clina u hospital privado no tiene obligación legal de prestar servicio a una persona sin obra social, sin embargo, debe sopesarse la cuestión moral o el juramento hipocrático.
“No se puede abandonar a un paciente porque no tiene obra social”, sentenció el Fiscal.
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La fiscalía dio por concluida la etapa de la investigación por la supuesta emisión de cheques del municipio de Rosario de la Frontera para una persona registrada como proveedor y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal. La causa iniciada en 2018, tiene otros dos imputados.
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La Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción engloba a los investigadores de la ciudad más violenta del país. La decisión fue tomada por María Cecilia Vranicich, autoridad máxima del MPA santafesino.
Lo advirtió en “Día de Miércoles” el Defensor Oficial General. “La problemática y la conflictividad social incrementan la tarea nuestra”, señaló.
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