El oficialismo buscará sacarle a la Corte el control de las escuchas telefónicas

Con esa intención, impulsará esta tarde en la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo  el rechazo del decreto 256/2015, que se dictó en los albores de la gestión del expresidente Mauricio Macri  y transfirió la oficina de escuchas judiciales  a la órbita del máximo tribunal.

También propondrá rechazar el decreto 102/2017, complementario del anterior, que estableció que dos jueces de Cámara estarían a cargo del organismo a cargo de las escuchas.

La oposición de Juntos por el Cambio anticipó que no avalará que se rechacen estos decretos. Sostuvo que el traspaso de la Dicom a la Procuración, hoy a cargo del procurador interino Eduardo Casal,  implicará que sean los fiscales, que son parte en una investigación judicial y los que solicitan, eventualmente, una escucha telefónica, los que controlen el contenido de esas escuchas.

"Es gravísimo", advirtió el radical Luis Petri.  "En un proceso acusatorio, el que garantiza el proceso es el Poder Judicial. El fiscal, en cambio, es parte. Entonces, es más lógico que la oficina que se encarga de la ejecución de las escuchas esté en manos del Poder Judicial y no del Ministerio Público, que por definición es parte en el proceso", enfatizó el diputado Gustavo Menna. 

"Aquí lo que se discute es a qué poder del Estado le compete el control de las escuchas telefónicas. El resguardo de la intimidad de las personas debe tener un adecuado control y creemos que el órgano más imparcial es el Poder Judicial", completó Petri.

Ambos legisladores advirtieron, además, que los dos decretos en cuestión ya tuvieron dictamen por parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: el 257/2015 fue convalidado en febrero de 2016, mientras que el 102/2017 fue rechazado. Ninguno de esos decretos fue debatido por las Cámaras.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado oficialista Marcos Cleri,  enfatizó que sería "importante que el Congreso declare inválidos" esos decretos del gobierno de Macri porque "no se puede modificar la ley de inteligencia por un decreto de necesidad y urgencia", sino que solo se puede hacer por una ley. Con este razonamiento, de declararse inválidos ambos decretos, el organismo a cargo de las escuchas regresaría al ámbito de la Procuración, tal como se aprobó por ley en febrero de 2015, en los finales del gobierno kirchnerista (antes, dependía de la AFI -exSIDE-).

Críticas a la Corte

"En la Corte las escuchas fueron un festival de filtraciones y espionaje", dijo hoy Cleri. El diputado oficialista sostuvo que "la gestión de Macri fue para perseguir y acallar opositores".

No solo los legisladores de la oposición rechazan la intención del oficialismo de que el control de las escuchas retorne al ámbito del Ministerio Público. También expresó sus reparos el líder del gremio de los judiciales,  Julio Piumato,  que dijo a LA NACION  que la Corte manejó la oficina "con eficiencia" y que el traspaso pondría "en riesgo la fuente laboral de más de 300 judiciales competentes en investigación de delitos complejos". Piumato sostuvo que el oficialismo no debería "aprovechar la pandemia para este tipo de cambios".

La Nación