Coronavirus

Opinion 03 de abril de 2020 Por Sonia Escudero
La pandemia, transformó nuestra vida cotidiana y nuestras perspectivas frente a la propia existencia. El COVIV-19 nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nos enfrenta a la globalización de las enfermedades, y nos demuestra la dependencia de unos con otros: si mi vecino está enfermo, mi propia salud y la de mi familia están en riesgo.
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Quiero reconocer el liderazgo del presidente de la Nación al tomar decisiones oportunas y firmes, informadas y consensuadas. La constitución de un comité científico asesor, presentado a la ciudadanía, convierte las medidas en informadas y transparentes. El consenso con los líderes políticos, especialmente con gobernadores e intendentes que tienen la responsabilidad de asegurar el acceso a la salud de todos los habitantes, sin distinciones de pertenencias partidarias, es relevante. 

 

En un interesante artículo publicado en La Nación, Yeyati y Malamud observan que frente a la pandemia, la respuesta elegida por Argentina fue la de un país europeo ya que se optó por proteger a la sociedad. Pero que nuestro país tiene realidades muy diferentes de las del primer mundo. Alto grado de informalidad laboral, hacinamiento por déficit habitacional, y falta de espacio fiscal para repartir dinero a los sectores de bajos ingresos y a las pymes. Estos autores afirman que frente a la pandemia, los gobiernos se enfrentan a un dilema moral, en tanto la ciencia y la economía sólo permiten dimensionar los costos materiales de las opciones que se tomen, pero no dan una solución. Todas las opciones tienen costos. La decisión política implica elegir cuáles son los costos que pagaremos y, por lo tanto, quiénes los pagarán. Por ello, cuanto más compartida y consensuada sea, tendrá más legitimidad y nos permitirá seguir adelante como sociedad.

 

Las medidas de cuarentena ayudan a ganar tiempo para fortalecer el sistema sanitario, blanco de las medidas de reducción del gasto público en el pasado reciente, tanto a nivel nacional cuando el ministerio de salud fue degradado a secretaría, como a nivel provincial como lo reconoció el gobernador en su mensaje a la asamblea legislativa. Desde distintos organismos internacionales se advierte que por los altos costos económicos las cuarentenas deben ser limitadas en el tiempo, segmentadas en la implementación y respetar la dignidad y el bienestar de todas las personas. 

 

¿Qué está pasando en Salta? La ciudadanía percibe que no existe suficiente información, que se toman medidas más extremas que a nivel nacional, y hasta se pide la suspensión de las garantías constitucionales como es la declaración del estado de sitio, en contradicción con la recomendación de los organismos internacionales de situar el respeto a los derechos humanos en el centro de las medidas que se tomen. No conocemos la existencia de un comité científico que asesore al Gobernador. Por ejemplo, no sabemos quién le recomendó que se imponga la obligación del uso del barbijo, cuando la OMS recomienda todo lo contrario en tanto no hay prueba de ningún beneficio en el hecho de que las personas sanas lleven mascarillas. Los barbijos deben descartarse después de su uso, ¿cómo se hará ese descarte para evitar el riesgo de propagar la enfermedad? Naciones Unidas advierte que las máscaras contaminadas, guantes y medicamentos vencidos que existan en los hogares, deben evitar mezclarse con la basura doméstica, instando a las autoridades en todos los niveles a organizar su tratamiento y descarte en forma separada y segura. 

 

 En este contexto el Gobernador dio su primer mensaje del gobernador de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, frente a un recinto vacío y con diputados y senadores presentes en línea. 

 

Me gustó que el gobernador comenzara colocando al tope de la agenda pública la realidad de la pobreza  de las comunidades indígenas, y que finalmente transparentara algunas cifras cuya publicidad los salteños esperábamos hace unos meses: la realidad del déficit fiscal en que nos dejó la aventura de la carrera presidencial del gobernador saliente, Urtubey, de más de mil ciento cuarenta y cuatro millones de pesos; los más de diez mil casos de personas identificadas en situación de riesgo nutricional y más de mil en situación de desnutrición extrema, la vulneración de la infancia en nuestras comunidades aborígenes; las altas tasas de mortalidad infantil, más graves en el interior de la Provincia, indicador de las diferencias geográficas inaceptables que desnudan la existencia de serias desigualdades en el reparto de los recursos y en el acceso a los bienes fundamentales: salteños de primera y salteños de segunda.

 

En ese escenario, me resultó totalmente inapropiada la presentación de un proyecto de reforma constitucional limitada y parcial, enumerando temas que posiblemente interesan a los políticos en el reparto del poder, pero que de ningún modo abordan mínimamente los déficits que señaló el gobernador en su discurso. Una visión obsoleta frente a los nuevos desafíos globales. Una visión pre-pandemia. 

 

Por ejemplo cualquier debate constitucional hoy no puede excluir: la garantía del acceso a la información pública; así como la protección de periodistas y medios de comunicación mediante reglas objetivas de distribución de la pauta oficial. La garantía de que los bienes, las instalaciones y los servicios de atención médica, incluido el acceso a vacunas y medicamentos estén disponibles en cantidad suficiente para todas las personas. El reconocimiento de que al ser las mujeres quienes desempeñan en mayor medida las tareas de cuidado, se enfrentan no solamente a mayores riesgos, sino también  desigualdades en el acceso a derechos y a la toma de decisiones, realidad que impone la exigencia constitucional de una perspectiva de género en todas las políticas. La nueva Constitución debe abordar claramente la distribución equitativa de los recursos públicos entre los municipios, a efectos de corregir las inequidades regionales que bien reconoció el Gobernador. Lo más importante para resolver las desigualdades ofensivas es consagrar constitucionalmente la protección no sólo de los derechos fundamentales, muy pobremente descriptos en la parte orgánica de nuestro texto constitucional, sino también de los bienes fundamentales, esto es, garantizar el acceso a todos a una primera clase de bienes vitales como el agua, la alimentación básica y los fármacos que salvan vidas. 

 

Sin lugar a dudas estamos ante un momento en el que se pueden impulsar reformas que busquen reparar las injusticias que aparecen elocuentes en los resultados a los nos llevaron las reglas de juego vigentes. La reducción de la reforma constitucional a la limitación de mandatos aparece mezquina y miope en tanto evade el debate profundo y necesario para revertir las realidades que, parcialmente, ha descripto el Gobernador en su mensaje. 

 

 

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